La investigación por presunto lavado de dinero y administración fraudulenta en la Asociación del Fútbol Argentino pone bajo la lupa a empresarios y contratos millonarios, mientras crece la preocupación en sectores del poder político vinculados al oficialismo de los últimos años.
En el complejo entramado judicial que rodea a la AFA, dos dirigentes políticos siguen con atención el desarrollo de la denominada “Causa AFA”: Sergio Massa, excandidato presidencial en 2023 y líder del Frente Renovador, y Gerardo Zamora, exgobernador de Santiago del Estero y actual senador nacional. Ambos, con trayectorias estrechamente ligadas al cristinismo, observan el avance de una investigación que amenaza con exponer vínculos que exceden el ámbito deportivo.
La causa se centra en un presunto circuito financiero paralelo que habría manejado alrededor de 300 millones de dólares correspondientes a ingresos internacionales de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. De acuerdo con documentación secuestrada en allanamientos recientes, la firma TourProdEnter LLC, vinculada al empresario Javier Faroni —exdiputado del Frente Renovador y hombre cercano a Massa—, habría administrado esos fondos aplicando comisiones consideradas excesivas: un 30% más un 10% adicional por logística.
Según una investigación preliminar realizada en Estados Unidos, al menos 42 millones de dólares habrían sido derivados a sociedades fantasma radicadas en Miami. Faroni, quien también integró el directorio de Aerolíneas Argentinas durante la gestión de Alberto Fernández, intentó salir del país en diciembre pasado rumbo a Uruguay, pero fue interceptado en el Aeroparque Jorge Newbery. Aunque la prohibición de salida fue levantada el 31 de diciembre, las denuncias en su contra continúan ampliándose.
El expediente se inició a partir de la presentación del empresario Guillermo Tofoni, quien denunció la existencia de un mecanismo de recaudación paralela. A ello se sumó la ampliación de la acusación por parte del Gobierno, que incorporó el delito de retención indebida de tributos. La Justicia también investiga el presunto uso de tarjetas corporativas de la AFA para afrontar gastos personales por cifras millonarias.
Uno de los puntos más sensibles de la causa es una lujosa propiedad ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, valuada en hasta 20 millones de dólares, con helipuerto y vehículos de alta gama. La mansión es señalada como presuntamente adquirida mediante testaferros y con fondos provenientes del lavado de dinero. Este inmueble derivó en una disputa judicial por la competencia del expediente: el juez Marcelo Aguinsky, del fuero Penal Económico porteño, rechazó ceder la causa a su par de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, al sostener que el delito principal se habría cometido en la sede de la AFA, en la calle Viamonte.
Ahora, la definición quedó en manos del juez Juan Pablo Salas, de la Cámara Federal de San Martín, quien deberá resolver el conflicto de competencia. La jugada procesal es observada con desconfianza por fuentes ajenas al Poder Judicial bonaerense.
Para Massa, el avance del expediente implica un impacto político indirecto: Faroni es considerado un aliado relevante dentro de su armado. El foco vuelve a posarse sobre TourProdEnter LLC, empresa radicada en Estados Unidos y vinculada tanto a Faroni como a su pareja, Erica Gillette. El contrato hallado durante los allanamientos, firmado el 9 de diciembre de 2021 por Tapia y Gillette, otorgaba a la firma exclusividad para gestionar cobros y pagos internacionales de la AFA, con comisiones del 40% total y vigencia hasta fines de 2026.
En paralelo, Gerardo Zamora mantiene vínculos con la conducción de la AFA, aunque hasta el momento no fue imputado formalmente. Desde la entidad madre del fútbol argentino difundieron un comunicado rechazando las acusaciones y denunciando una supuesta “campaña de difamación”.
Mientras tanto, la investigación sigue su curso: el próximo 2 de febrero declarará Guillermo Tofoni en calidad de testigo, y antes lo harán pilotos de helicópteros y empleados vinculados a la propiedad de Pilar, en una causa que promete seguir generando repercusiones políticas y judiciales.
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