Una enfermedad, una licencia y el corte de ingresos:
La denuncia pública de Silvana Dindart expone una situación de extrema vulnerabilidad laboral y social tras la suspensión de su salario y la amenaza de perder la obra social mientras cuida a su esposo, diagnosticado con ELA.
Una familia de Necochea atraviesa una situación crítica que combina enfermedad, conflicto laboral y pérdida de derechos básicos. La historia fue expuesta públicamente por Silvana Dindart, quien decidió hacer visible lo que considera una grave vulneración de derechos laborales y humanos, luego de casi dos décadas de trabajo ininterrumpido en tareas de atención al público vinculadas al sistema de salud.
Silvana se desempeña desde 2006 en funciones administrativas de atención al público, sin sanciones ni antecedentes disciplinarios. “Nunca tuve sanciones, nunca abandoné mi puesto, nunca dejé de cumplir con mis obligaciones”, afirmó. Aunque su lugar de trabajo cotidiano eran las oficinas de OSPRERA, su empleador formal es la UATRE, responsable del personal de atención en las delegaciones de la obra social en todo el país.
La situación familiar dio un giro abrupto en 2023, cuando a su esposo, Giuseppe Portugal —conocido como Sergio— le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa, progresiva y sin cura. “Sergio no tiene jubilación ni pensión. Yo soy su único sostén económico y, además, quien lo cuida todos los días”, explicó Silvana.
Con el avance de la enfermedad, el desgaste físico y emocional se volvió insostenible. El 8 de julio de 2025 inició una licencia médica debidamente certificada. “No daba más. Colapsé. Fue una licencia que pedí porque realmente la necesitaba”, relató.
El conflicto se agravó a fines de noviembre. El día 27 recibió una carta documento informándole que quedaba suspendida hasta obtener el alta médica. “Ese día Sergio se cayó en casa. Estábamos tratando de levantarlo cuando llegó la carta”, recordó. Pocos días después, el 1° de diciembre, dejó de percibir su salario. “Me dijeron que lo habían suspendido por estar con licencia médica. Eso es ilegal”, sostuvo, al remarcar que la legislación laboral garantiza la continuidad del salario y la conservación del puesto durante una enfermedad.
Según denunció, respondió todas las comunicaciones de manera formal, pero las respuestas llegaron con demoras prolongadas. “Tardaron veinticinco días en contestar una carta documento y llegaron incluso a desconocer mi función real de casi veinte años”, señaló.
La situación se volvió aún más delicada al conocer que el último aporte patronal fue realizado en octubre. “Eso quiere decir que a partir del 1° de febrero se nos corta la obra social. Mi marido queda sin cobertura médica”, advirtió. “La medicación para ELA cuesta millones y las terapias son indispensables. Yo no tengo forma de afrontar eso sin obra social”, agregó.
Desde diciembre, la falta de ingresos derivó en endeudamiento, atrasos en servicios y la imposibilidad de cubrir gastos básicos. “No pude pagar los préstamos, ni la tarjeta, ni los gastos de la casa. Es muy duro después de haber trabajado toda una vida”, expresó.
Silvana destacó el acompañamiento solidario de vecinos, grupos deportivos y la comunidad, aunque reconoció el impacto emocional de depender de esa ayuda. “La gente me ayudó muchísimo y lo agradezco de corazón, pero no se puede vivir pidiendo. También es humillante”, dijo.
El caso ya se encuentra en manos de abogados y avanzará por la vía judicial. “No estoy pidiendo privilegios. Estoy pidiendo lo mínimo que la ley garantiza. Nadie debe ser castigado por enfermarse”, afirmó.
Sergio “Giuseppe” Portugal es una figura conocida en el deporte local. Exfutbolista de Mataderos, Estación Quequén, Rivadavia y de la Selección de Necochea, hoy enfrenta una batalla muy distinta. “Hoy pelea otra batalla, mucho más dura, y la pelea con la misma garra de siempre”, expresó su esposa.
La historia excede un conflicto laboral individual y pone en evidencia cómo una enfermedad grave, combinada con decisiones administrativas, puede dejar a una familia al borde de perder su sustento y el acceso a la salud. Para Silvana y su entorno, hacer público el caso es una forma de defensa.
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