Más planeros que nunca: Más de 6 millones de planes.

AUH y Tarjeta Alimentar, el ancla social del modelo Milei

Mientras los salarios, el empleo formal y las jubilaciones perdieron contra la inflación, las transferencias directas a la pobreza fueron las únicas que crecieron en términos reales durante los dos primeros años de gestión libertaria. Un dato clave para entender la ausencia de estallidos sociales pese al ajuste.

Mientras el empleo formal y las jubilaciones se deterioraron frente a la inflación, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar se consolidaron como las únicas transferencias que crecieron en términos reales durante los primeros dos años del gobierno de Javier Milei. En ese dato se resume buena parte del corazón del modelo libertario y, a la vez, una de las explicaciones centrales de por qué no hubo conflictos sociales masivos tras dos años de ajuste sostenido.

En contra del discurso oficial sobre el “fin de los planes”, los números del presupuesto social muestran que la ayuda directa a los sectores más vulnerables no solo se mantuvo, sino que fue la única partida que creció de manera sostenida, tanto en cantidad de beneficiarios como en poder de compra real. Incluso, el punto más bajo del poder adquisitivo de la AUH se registró en 2023, último año del gobierno de Alberto Fernández, un dato que muchos analistas vinculan con la derrota electoral del peronismo.

Según datos oficiales confirmados por fuentes del Gobierno, a diciembre de 2025 la AUH alcanza a 4.114.513 titulares, incluidos 93.453 beneficiarios por discapacidad. En paralelo, la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4,5 millones de niños. En total, más de seis millones de planes sociales, una cifra récord que refleja la creciente dependencia de amplios sectores de la población de la asistencia estatal y el progresivo corrimiento de la Argentina del histórico perfil de país de clase media.

Los informes de evolución real muestran con claridad que la AUH y la Tarjeta Alimentar fueron los únicos ingresos que lograron ubicarse sistemáticamente por encima de la inflación. El contraste con el salario mínimo es marcado: mes tras mes perdió poder adquisitivo y hoy cubre apenas una fracción de la Canasta Básica Total, según un relevamiento del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral, vinculada a Juan Grabois.

Esta combinación ayuda a explicar un dato político clave de la primera mitad de la gestión libertaria: no hubo estallido social pese a la magnitud del ajuste. Lejos de eliminar la asistencia, el Gobierno avanzó en dos movimientos simultáneos: desplazó a las organizaciones sociales de la intermediación y reforzó las transferencias directas a través del Estado.

La evolución histórica de los planes sociales refuerza esa lectura. En 2015, Cristina Fernández de Kirchner dejó el poder con unos 250 mil planes. Durante la presidencia de Mauricio Macri, la ayuda social trepó a casi un millón y medio de beneficiarios. Con Alberto Fernández y la pandemia, el número llegó a cuatro millones y, lejos de revertirse, siguió creciendo con Milei, aun cuando la emergencia sanitaria ya había quedado atrás.

En términos reales, la política de ingresos para la infancia alcanzó durante el actual gobierno niveles históricamente altos. La AUH es hoy un 23% más alta que durante la presidencia de Alberto Fernández y un 10% superior a la vigente en el gobierno de Cristina Kirchner, creadora del programa. La mejora se explica por aumentos extraordinarios: en la comparación interanual, la AUH mostró una suba real del 47%, y entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024 el incremento rondó el 100%, según la medición oficial.

Ese salto consolidó a la política social como el principal amortiguador del modelo, en un escenario atravesado por la devaluación del 120% de diciembre de 2023 y un deterioro salarial que nunca terminó de revertirse. Mientras el discurso oficial insiste en el ajuste y el achicamiento del Estado, la red de contención social no solo se sostuvo, sino que se convirtió en un pilar central de la gobernabilidad.

El cuadro se completa con la pérdida de empleo formal de calidad. En los dos primeros años de Milei se destruyeron cerca de 180 mil puestos de trabajo registrados, con una tendencia que se agravó hacia fines de 2025: solo en octubre se perdieron alrededor de 70 mil empleos.

Los datos de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral confirman la paradoja libertaria. A diferencia de los salarios, las transferencias sociales no fueron licuadas por la inflación. Medidos en términos reales, los montos combinados de AUH y Tarjeta Alimentar muestran una recuperación sostenida desde el inicio de la gestión, superando el ritmo de los precios. En los gráficos, la asistencia social aparece como la única variable de ingresos que logra mantenerse —e incluso mejorar— frente al avance inflacionario.

El contraste con los salarios es contundente. Mientras la AUH y la Alimentar mejoran su relación con la Canasta Básica Alimentaria, el salario mínimo se desploma frente a la Canasta Básica Total, profundizando la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores formales. En términos simples, la política social logró amortiguar la indigencia, pero el ajuste recayó sobre el trabajo y las jubilaciones.

Aun con las mejoras, la AUH y la Tarjeta Alimentar cubren solo una porción limitada de la Canasta Básica Total y no alcanzan para sacar a un hogar de la pobreza. Sin embargo, sí contienen el umbral alimentario, un dato clave para entender por qué el ajuste no derivó en un conflicto social generalizado.

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