En una decisión sin precedentes, el gobierno nacional dispuso la intervención del puerto de Ushuaia por la utilización de fondos para otros fines que para la reinversión en materia portuaria. Ushuaia es un puerto que comparte con el de Quequén la característica de ser un puerto que la nación cedió a la provincia en 1992 con la condición de que su producido sea reinvertido exclusivamente en materia portuaria. Desde el sector privado ligado a la exportación, se vienen escuchando numerosas quejas en los últimos años por la utilización de fondos del puerto de Quequén para fines extra portuarios, como deportes, cultura y subsidios a entidades y personas.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación dispuso una intervención por doce meses al denunciar irregularidades financieras y riesgos operativos. El gobernador Gustavo Melella rechazó la medida y cuestionó sus fundamentos.
El Gobierno nacional decidió intervenir por el plazo de un año el puerto de Ushuaia, una medida que reavivó la tensión política e institucional con la provincia de Tierra del Fuego. La resolución fue adoptada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), que justificó la decisión en la detección de irregularidades financieras, desvíos de fondos y un supuesto riesgo operativo y de seguridad vinculado al deterioro de la infraestructura.
Desde el organismo nacional señalaron que la intervención se resolvió tras “la falta de respuestas concretas ante las inspecciones efectuadas, las denuncias de vaciamiento realizadas por los trabajadores y la preocupación expresada por representantes de las empresas navieras que operan en el puerto”.
Según detalló la ANPYN, las inspecciones permitieron constatar serias falencias estructurales, entre ellas faltantes de pilotes en el sitio 3 del muelle, defensas deterioradas, problemas en el tablestacado y deficiencias en la carpeta asfáltica. A esto se sumaron observaciones sobre la gestión administrativa y financiera, además de condiciones básicas de seguridad operativa consideradas insuficientes.
El organismo también denunció la inexistencia de registros claros de ingresos, egresos y compras, y cuestionó que la administración provincial haya tercerizado funciones en una empresa cuya habilitación comercial no estaría vinculada a actividades portuarias. Asimismo, sostuvo que “el 33% del presupuesto fue destinado a subsidios con fondos provinciales, dejando apenas un 1,3% para obras y servicios”, en presunto incumplimiento de la normativa que establece que los recursos del puerto deben invertirse exclusivamente en el propio enclave.
Durante el período de intervención, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación contará con el acompañamiento de la Prefectura Naval Argentina para reforzar las tareas de seguridad y operatividad, mientras que las gerencias continuarán a cargo de personal fueguino con experiencia técnica.
La respuesta del Gobierno provincial no tardó en llegar. El gobernador Gustavo Melella expresó su rechazo a la decisión y afirmó que “no compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud”. Si bien reconoció que el escenario era previsible, sostuvo que la ejecución sorprendió a su administración.
Melella aseguró que mantiene conversaciones con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de “encontrar una salida que preserve el normal funcionamiento del puerto y brinde previsibilidad a todos los sectores”. Además, remarcó que “el puerto de Ushuaia opera con normalidad y atraviesa una temporada récord de buques y cruceros”, destacando su rol estratégico para la provincia y el país.
En ese sentido, el mandatario subrayó que “las principales compañías navieras del mundo eligen Ushuaia porque cumple con estándares de excelencia en seguridad, calidad y servicios”, algo que —según sostuvo— se refleja en la cantidad de recaladas.
Finalmente, afirmó que “desde la Provincia vamos a seguir trabajando y dialogando, poniendo todas las herramientas necesarias para cuidar el funcionamiento del puerto, el trabajo de nuestra gente y el desarrollo de Tierra del Fuego”.
La intervención se produce en un contexto económico delicado para la provincia. A comienzos de año renunció el ministro de Economía fueguino, Francisco Devita, y semanas después el anuncio de la reducción a 0% de los aranceles para teléfonos celulares importados encendió nuevas alarmas en una economía fuertemente vinculada al subrégimen de promoción industrial.
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