La fiscal Betina Lacki solicitó la prisión preventiva para los dos acusados en la causa que investiga abusos sexuales ocurridos en el Senado bonaerense. El planteo quedó ahora en manos del juez de Garantías, quien deberá resolver si hace lugar al pedido dentro de los plazos legales.
La definición judicial se dará tras una audiencia prevista para este viernes en el fuero Penal de La Plata, solicitada por la defensa. Allí, los imputados expondrán su descargo ante la fiscalía y el magistrado interviniente. A partir de esa instancia comenzará a correr el plazo, que se extiende hasta el 2 de febrero, para resolver la situación procesal.
En su requerimiento, Lacki sostuvo que el expediente revela una situación de extrema gravedad institucional y apuntó a fallas en los mecanismos estatales de prevención. Según expresó en el escrito, uno de los acusados “incumplió su deber de protección como referente de género y convirtió los espacios institucionales y su autoridad en herramientas de captación y sometimiento para beneficio sexual de la pareja”. Los imputados son Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos integrantes de la planta permanente del Senado bonaerense.
Además del pedido de prisión preventiva, la fiscalía solicitó la declinatoria de competencia del Juzgado de Garantías N° 4 al N° 3, por ser este último el primero en intervenir en el tiempo. También requirió explicaciones formales a la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia, Estela Díaz, luego de que admitiera públicamente que conocía denuncias previas vinculadas a los abusos.
La causa se inició en 2014, cuando una joven militante denunció haber sido abusada. En 2019 se incorporaron dos nuevos casos y, en 2025, otros dos episodios. En total, el expediente reúne cinco denuncias, aunque no todas las víctimas decidieron continuar el proceso judicial, en muchos casos por temor o por las consecuencias personales que implicaba avanzar. Sus identidades se mantienen bajo estricta reserva.
La hipótesis fiscal describe un patrón de captación. Las denunciantes habrían sido contactadas a través de tareas de militancia política, con promesas de contención, proyección y oportunidades laborales dentro del Estado. Una vez ganada la confianza, algunas accedían a puestos en el Senado u otras dependencias públicas, pero con la exigencia de entregar parte de sus salarios bajo el argumento de financiar actividades militantes.
El expediente también incorpora el análisis de una presunta organización denominada “La Orden de la Luz”, que, según la investigación, operaría con lógicas similares a una estructura sectaria. Las comunicaciones internas se realizaban mediante una casilla de correo electrónico con mensajes encriptados o codificados, un elemento que para los investigadores refuerza la hipótesis de una organización planificada.
En ese contexto, la Justicia no solo investiga los delitos sexuales denunciados, sino también la posible existencia de una red que habría utilizado la militancia política, cargos estatales y promesas laborales como mecanismos de sometimiento y control.
Artículos relacionados:
Erosión y Maltería: Los temas que siguen ausentes en el Concejo
Escándalo sexual en la Legislatura bonaerense: investigan una presunta secta con abusos y control sistemático de víctimas
Crisis en el PRO bonaerense: Furia contra Cristian Ritondo por alianzas y listas
Condenaron a 14 años de prisión a un ginecólogo por abusos sexuales contra 11 mujeres
Edgardo Kueider y su Secretaria Enfrentarán Juicio Oral en Paraguay por Contrabando de Divisas
Recaratulan la causa y dictan prisión preventiva para el joven detenido por el homicidio