La fiscal del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Verónica Posse, cuestionó el tratamiento político y simplificado del proyecto impulsado por el Gobierno nacional para bajar la edad de punibilidad y reclamó un abordaje integral que contemple el trasfondo social, jurídico y los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Durante una entrevista radial Posse explicó que su postura surge tanto de su experiencia profesional como de su rol como ciudadana. En ese marco, reconoció que el debate es legítimo y que existe una demanda social para discutir el tema, aunque remarcó que la definición final corresponde al Congreso.
Desde una mirada técnica, señaló que la Argentina mantiene actualmente la edad de punibilidad en los 16 años y aclaró que “son pocos los países que sostienen ese límite”, pero advirtió que cualquier modificación debe respetar los compromisos internacionales asumidos por el país. “Hay que tener en cuenta la adhesión a la Convención sobre los Derechos del Niño y el marco regulatorio que establecen los tratados internacionales, que tienen jerarquía constitucional”, subrayó.
La fiscal fue categórica al afirmar que los derechos de las personas menores de edad no pueden ser eliminados. “Los derechos que se les reconocen a los niños, niñas y adolescentes nunca se pueden suprimir”, sostuvo, y planteó que el eje central del debate debería estar puesto en garantizar condiciones básicas de vida.
En ese sentido, enumeró que un niño o adolescente debe contar con familia, vivienda, educación, posibilidades de desarrollo personal, recreativo, artístico y deportivo, además de acceso a la educación gratuita. Según advirtió, estos aspectos suelen quedar relegados cuando la discusión se reduce únicamente a la respuesta penal.
Posse también cuestionó los discursos que presentan la baja de la edad de punibilidad como una solución inmediata a la inseguridad. “Como padres o integrantes de una familia sabemos que una sanción no resuelve el conflicto”, expresó, y alertó sobre una “utilización política del tema” basada en consignas simplificadas.
Asimismo, recordó que la intervención penal del Estado ocurre cuando el delito ya se cometió. “Cuando hablamos de proceso penal, hablamos de un Estado que interviene después del hecho. Si antes ese mismo Estado no desarrolló políticas públicas que garanticen derechos, la respuesta llega tarde”, explicó.
Por último, consideró indispensable avanzar en un régimen penal juvenil a nivel nacional que establezca reglas claras sobre cómo debe intervenir el sistema judicial en los procesos que involucran a personas menores de edad. En el cierre, señaló que este debate no es nuevo y que suele reactivarse a partir de hechos graves con fuerte impacto mediático, como tentativas de homicidio o casos con víctimas fatales.
Artículos relacionados:
Con el caso Jeremías Monzón como disparador, Bullrich volvió a exigir la baja de la edad de imputabilidad
El Gobierno impulsa el debate sobre la edad de imputabilidad mediante decreto
Jornadas del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil
Recaratulan la causa y dictan prisión preventiva para el joven detenido por el homicidio
La Justicia analiza nuevas imputaciones por el homicidio del joven de 17 años apuñalado frente al Casino. Los investigadores no descartan la participación de otros implicados.
Proyecto: impulsan el uso de un símbolo que pueda reconocer si una persona con discapacidad evidente o no necesita asistencia