Un informe oficial reveló que la mayoría de los niños y adolescentes alcanzados por el sistema penal juvenil no estuvo privada de la libertad. Los datos se conocen mientras el Congreso analiza la baja de la edad de imputabilidad.
Más de 4.000 niños, niñas y adolescentes estuvieron en conflicto con la ley penal durante 2024 en la Argentina, de acuerdo al último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. El relevamiento, que detalla la situación de menores sometidos a medidas penales y de encierro, se conoció en medio del debate político por la posible baja en la edad de imputabilidad y el inminente tratamiento del proyecto en el Congreso.
Al 31 de diciembre de 2024, el informe contabilizó 4.119 chicos y chicas incluidos en el ámbito penal juvenil. De ese total, 3.249 se encontraban bajo medidas penales en territorio, 865 estaban alojados en dispositivos de privación o restricción de la libertad, cuatro cumplían prisión domiciliaria y en un caso no se contaba con información sobre la modalidad de abordaje.
Según el documento, “ocho de cada diez menores contaba con medidas judiciales que no implican una restricción y/o privación de la libertad, sino que se implementaron programas de acompañamiento y supervisión en el marco de redes sociocomunitarias”. Si bien los indicadores muestran una tendencia general descendente respecto de años anteriores, el informe advierte una leve suba en la cantidad de adolescentes privados de la libertad.
Durante 2024, el sistema penal juvenil contó con 174 dispositivos en todo el país: 75 destinados a la aplicación de medidas penales en territorio y 99 vinculados a situaciones de encierro. De estos últimos, 63 correspondieron a privación de la libertad, 27 a restricción de la libertad y nueve a dispositivos de aprehensión especializada.
En cuanto a los delitos imputados, predominan los delitos contra la propiedad, que representan el 57,1% de los casos. Les siguen los delitos contra las personas (13,9%) y los vinculados a la integridad sexual (7,5%).
El informe también alerta sobre la presencia de menores de 16 años dentro del sistema penal juvenil. Se registraron 48 adolescentes de entre 12 y 15 años institucionalizados por razones penales, de los cuales 44 se encontraban en lugares de encierro. Con la legislación vigente, que establece la punibilidad a partir de los 16 años, estos chicos son considerados no punibles y no deberían estar alojados en dispositivos penales, sino ser abordados por el sistema de protección integral de derechos.
La tasa nacional de encierro del sistema penal juvenil fue de 1,8 jóvenes cada 100.000 habitantes. Las jurisdicciones de Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires superan ampliamente ese promedio, y las dos primeras concentran el 75% de los casos.
Entre los adolescentes punibles, más del 60% de quienes se encontraban privados de la libertad tenían entre 16 y 17 años. Además, el informe subraya que más del 30% de los jóvenes bajo encierro cumplía medidas judiciales luego de haber alcanzado la mayoría de edad.
Los datos vuelven a poner en el centro del debate el funcionamiento del sistema penal juvenil y el alcance real de una eventual modificación en la edad de imputabilidad, en un contexto marcado por fuertes discusiones políticas y sociales.
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