La decisión se tomó horas después del ingreso de la iniciativa, luego de detectarse diferencias con los bloques aliados por la edad de imputabilidad. El Ejecutivo busca recomponer consensos y corregir el texto.
El Gobierno nacional solicitó el retiro del proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil que había enviado ayer al Congreso de la Nación, tras advertir que el dictamen incluía una reducción de la edad de imputabilidad a los 13 años, cuando el acuerdo político con los bloques aliados establecía fijarla en 14, tal como había quedado plasmado en el texto consensuado durante 2025.
Según pudo saber este medio, el Ejecutivo prevé remitir en las próximas horas una nueva versión del proyecto a la Cámara de Diputados. Desde el oficialismo explicaron que la decisión apunta a mostrar buena voluntad con los sectores dialoguistas y evitar un quiebre temprano en las negociaciones parlamentarias.
La iniciativa que será reenviada mantiene, en líneas generales, la estructura del proyecto que había obtenido dictamen en mayo de 2025. No obstante, incorpora una modificación relevante vinculada al financiamiento, uno de los puntos que había generado mayores cuestionamientos en su versión original.
En el nuevo texto, el Gobierno incluyó la asignación de partidas específicas para garantizar la implementación efectiva de la ley. En ese sentido, se prevé una inversión superior a los 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.
En el proyecto presentado inicialmente, el financiamiento quedaba supeditado a la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete, lo que había despertado dudas entre legisladores y especialistas sobre la viabilidad real de la reforma y el riesgo de que quedara sin aplicación concreta.
Más allá de la corrección en la edad de imputabilidad, el contenido de la iniciativa mantiene el eje central de reducir la edad mínima punible de 16 a 14 años, en línea con el dictamen previo. El cambio a 13 años incluido en el texto enviado ayer fue, según admiten en el propio oficialismo, uno de los factores determinantes para la marcha atrás y la reformulación inmediata del proyecto.
El debate por la reforma penal juvenil, que ya había generado tensiones en 2025, vuelve así a foja cero en el Congreso, a la espera de una nueva versión que permita reencauzar la discusión con mayores consensos políticos.
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