Un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense busca prohibir el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles de la provincia. La iniciativa fue impulsada por el diputado de La Libertad Avanza, Oscar Liberman, y cuenta con el respaldo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.
La propuesta fue denominada “Ley Rodrigo”, en homenaje al soldado Rodrigo Gómez, quien se quitó la vida tras ser víctima de una extorsión telefónica que, según la investigación, fue organizada desde una unidad penitenciaria.
El proyecto plantea dejar sin efecto el protocolo que permitió el uso de celulares en las cárceles durante la pandemia de Covid-19, cuando se buscó facilitar la comunicación de los internos con sus familias ante las restricciones sanitarias.
La iniciativa propone que las personas privadas de la libertad solo puedan comunicarse mediante teléfonos controlados por el Servicio Penitenciario Bonaerense, con un límite de hasta dos horas diarias y en espacios habilitados.
Además, establece la instalación obligatoria de inhibidores de señal dentro de las unidades penitenciarias para impedir comunicaciones clandestinas con el exterior y reforzar los controles mediante requisas periódicas.
Según los fundamentos del proyecto, la medida busca evitar que desde las cárceles se continúen cometiendo delitos como estafas y extorsiones telefónicas, un fenómeno que en los últimos años generó numerosas investigaciones judiciales.
El texto también fija un procedimiento de aplicación: una vez aprobada la ley, los internos deberán entregar los teléfonos que tengan en su poder y posteriormente se realizarán requisas para secuestrar los dispositivos que permanezcan dentro de los penales.
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