En 2023, una auditoría del propio PAMI había retirado afiliados por deficiencias en la atención. Ahora, sin explicaciones claras, se le asignan 10 mil nuevas cápitas. El concejal Valiante intentó justificar lo injustificable.
La decisión de trasladar 10 mil cápitas del Hospital Municipal Emilio Ferreyra a la Clínica Cruz Azul generó un terremoto político y sanitario en Necochea, no solo por el impacto financiero que significa para el sistema público de salud, sino también por la falta de fundamentos técnicos y la improvisación con la que se comunicó la medida: a través de una carta documento, sin aviso previo y sin consulta a las autoridades locales.
La medida fue tomada por PAMI Central, y afecta directamente al hospital público, que ahora dejará de percibir cerca de $180 millones mensuales que pasarán a manos de una institución privada que, según auditorías de la misma obra social, no estaba en condiciones de brindar una atención adecuada.
Una decisión que contradice los propios informes de PAMI
En diciembre de 2023, una auditoría oficial detectó severas fallas en la atención de la Clínica Cruz Azul, motivo por el cual se trasladaron 4.000 cápitas al hospital público. Entre las deficiencias señaladas, se mencionaban falta de personal especializado, deficiente atención en guardias y carencia de infraestructura adecuada. Sin embargo, menos de dos años después, y sin evidencias públicas de mejoras estructurales, PAMI revierte aquella medida y triplica la cantidad de cápitas asignadas a la clínica.
La tibia y confusa defensa del concejal Valiante
En medio de la polémica, el concejal de La Libertad Avanza, Mariano Valiante, intentó justificar la medida en declaraciones radiales. Lejos de aportar claridad, su intervención dejó en evidencia la falta de argumentos sólidos y un desconocimiento preocupante del sistema de salud local.
“No estoy ni a favor ni en contra. La clínica debería tener la oportunidad de demostrar que puede brindar un mejor servicio”, dijo Valiante, para luego reconocer que no sabía si la clínica tenía capacidad real para atender a los 10.000 afiliados.
El concejal admitió que “la cantidad de cápitas es excesiva” y sugirió que “lo lógico sería dividirlas entre la Cruz Azul y el hospital”, contradiciendo de plano la decisión que desde su propio espacio político se defendió como “neutra” y “no política”.
Incluso reconoció que la medida sorprendió a todos, incluyendo a la delegación regional de PAMI, que también carecía de información y fundamentos sobre el traspaso.
“Nos enteramos todos por carta documento. Ni PAMI Necochea ni Mar del Plata tomaron la decisión”, dijo. Y al ser consultado por el criterio detrás del cambio, respondió: “No lo sé”.
¿Privilegiar al privado a costa del hospital?
Desde el oficialismo municipal cuestionan que el traspaso de cápitas desfinancia directamente al hospital público en un contexto económico crítico. PAMI transfiere unos $10.000 mensuales por afiliado, por lo que la clínica comenzará a recibir alrededor de $180 millones por mes, pese a sus antecedentes desfavorables.
Valiante intentó minimizar esta transferencia diciendo que “no es dinero del Estado, sino de los afiliados”, obviando que tanto el hospital como la clínica son prestadores contratados por la obra social estatal, y que los efectos reales se sienten en la capacidad de atención y en la salud de los vecinos.
Incluso reconoció que la medida no fue consultada, no fue explicada y no tiene una justificación técnica pública. Y sin embargo, se abstuvo de calificarla como errónea: “No sé si es positiva o negativa, hay que esperar con el tiempo”, se limitó a decir.
Una “defensa” basada en tecnicismos
En lugar de enfocarse en la calidad de atención, Valiante derivó la discusión hacia aspectos administrativos y económicos, señalando que si la clínica no puede atender a los afiliados, el hospital puede hacerlo bajo una figura de “rechazo conformado” y luego facturarle la atención a la Cruz Azul.
“Si la clínica no puede absorber al paciente, el hospital lo atiende y luego cobra una multa y cinco cápitas más”, explicó, como si la solución fuera burocrática y no sanitaria.
El problema, como apuntan desde el gremio de trabajadores municipales y el propio Ejecutivo local, es que mientras la Cruz Azul cobra la cápita por adelantado, los pacientes que no reciben atención terminan igualmente en el hospital, generando un sobrecosto operativo y mayor presión sobre un sistema público ya exigido, sin contar los peligros que implica demorar o dificultar la atención en situaciones de emergencia.
La postura del concejal Valiante dejó más dudas que certezas. Sin argumentos sólidos, sin respaldo técnico y sin asumir una posición clara, su intervención profundizó el desconcierto social ante una medida que, por su impacto y falta de transparencia, merece ser revisada de inmediato.
Mientras tanto, la comunidad médica, el personal del hospital y cientos de jubilados que dependen del sistema de salud local se preguntan quién se hará responsable si la clínica no puede absorber semejante volumen de pacientes.
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