La Plata, 25 de julio de 2025 – Una significativa controversia ha surgido en el ámbito de la Policía de la Provincia de Buenos Aires tras la decisión de desafectar a 24 oficiales de la fuerza. Estos efectivos son objeto de acusaciones por presunta violación de la Ley Orgánica, al haber participado en actividades políticas, y por supuesta conspiración contra la cúpula institucional. Esta medida ha generado un marcado enfrentamiento entre el gobierno provincial y la oposición, quienes han denunciado una “persecución política”.
La Resolución del Gobierno Provincial
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ha confirmado la desvinculación de los 24 policías. Se alega que estos individuos habrían estado involucrados en actividades proselitistas en favor de La Libertad Avanza (LLA) y en colaboración con el excomisario Maximiliano Bondarenko, actual candidato de dicho espacio en la Tercera Sección Electoral. De acuerdo con fuentes oficiales, esta intervención se consideró indispensable para prevenir el establecimiento de un “precedente adverso” dentro de la institución policial. Se ha indicado que, de no haberse adoptado esta medida, se habría generado un antecedente sumamente complejo para la Policía Bonaerense, dado que se habrían planificado purgas y reformas internas. Este accionar ha sido calificado como un acto de insubordinación y una transgresión a la ley orgánica de la fuerza.
El Artículo 58 del Estatuto del Personal de la Policía Bonaerense prohíbe explícitamente a los efectivos en servicio activo “intervenir, o de cualquier forma participar en política, en la organización de los partidos políticos o en su gestión, salvo el personal retirado”. La investigación se inició a raíz de una denuncia anónima recibida por Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, la cual detallaba una presunta “confabulación” de este grupo de policías, algunos de ellos oficiales de alta jerarquía, quienes supuestamente habrían utilizado recursos y dependencias estatales para respaldar a Bondarenko y elaborar un proyecto de reforma policial.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, ha precisado que la acción no constituye una “expulsión” definitiva, sino una “desafectación”, lo que implica que los oficiales son puestos en disponibilidad mientras se lleva a cabo la investigación. El ministro afirmó que no se persigue a nadie por sus simpatías políticas, pero enfatizó que los efectivos en servicio tienen prohibido desarrollar acciones de política partidaria. Adicionalmente, Alonso ha denunciado que los policías desafectados habrían filtrado información sensible a legisladores afines a La Libertad Avanza.
Reacción de la Oposición y Proceso Judicial
La decisión adoptada por el gobierno de Axel Kicillof ha provocado una inmediata y enérgica respuesta por parte de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. La ministra ha acusado a las autoridades bonaerenses de llevar a cabo una “pura persecución política”. A través de su cuenta en la plataforma X, Bullrich manifestó que el gobernador Kicillof “cesantea a 24 policías solo porque cree que apoyan a Maximiliano Bondarenko”, calificando la acción como carente de causa y puramente política. La ministra contrastó esta medida con la presunta inacción del gobierno provincial ante incidentes como ataques a medios de comunicación o agresiones a figuras políticas.
El caso ha sido judicializado en la justicia provincial, donde se investiga la presunta vinculación política de estos altos mandos policiales con Maximiliano Bondarenko. Se han hallado indicios, tales como “chats, conversaciones y documentos”, que sugieren una coordinación orientada a que el candidato de LLA pudiera denunciar irregularidades en la cúpula policial. El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires tiene previsto presentar una denuncia penal al respecto.
Implicaciones y Perspectivas del Debate
Este episodio pone de manifiesto la creciente tensión entre el gobierno nacional y provincial, y resalta la discusión en torno al rol de las fuerzas de seguridad en el ámbito político. Mientras la administración bonaerense defiende la aplicación de la Ley Orgánica como mecanismo para mantener la disciplina y prevenir la insubordinación, la oposición califica la acción como un acto de “purga ideológica” y “represalias” contra efectivos policiales por sus afinidades políticas. En este contexto, las declaraciones de Bondarenko, que buscaron desestimar las acusaciones de conspiración, se percibieron como insuficientes para disipar las dudas, lo que ha dejado abierta la puerta a diversas interpretaciones sobre la solidez de su defensa.
La situación también reaviva el debate sobre la autonomía de la Policía Bonaerense y las posibles injerencias políticas en su funcionamiento interno, en un escenario donde la seguridad ciudadana constituye una de las principales preocupaciones. El avance de la investigación judicial será determinante para establecer las responsabilidades y el alcance de estas acusaciones, en un entorno preelectoral que se caracteriza por una intensificación de las confrontaciones, donde la ausencia de una respuesta contundente por parte del candidato de LLA añade complejidad al panorama general.
