Necochea, 28 de julio de 2025 – 11:30 – En un giro desconcertante para el movimiento justicialista, y justo cuando el peronismo se encamina a las próximas elecciones con un discurso de unidad, una facción de la militancia local ha lanzado un comunicado público exigiendo al gobernador Axel Kicillof la intervención del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. El reclamo central busca evitar la re-concesión por 30 años de Terminal Quequén a operadores privados, una situación que, según los denunciantes, representa un “fabuloso negocio” para las exportadoras a costa del patrimonio estatal.
La Contradicción de la Unidad Peronista
Esta acción pone de manifiesto que la unidad promovida por el peronismo de cara a las elecciones provinciales podría ser más una “cartelera” que una realidad, dado que expone profundos desacuerdos latentes sobre políticas medulares. La Asamblea por la Soberanía de Puerto Quequén, que agrupa a militantes de extensa trayectoria, ha emitido un comunicado que, si bien se alinea con los principios estatistas del justicialismo, resulta inoportuno en un momento donde se busca mostrar cohesión interna. El hecho de que la militancia peronista le reclame a un gobernador peronista que intervenga un bastión peronista (actualmente administrado por el massismo) subraya la complejidad de las internas del movimiento.
El Reclamo de la Asamblea por la Soberanía de Puerto Quequén
La Asamblea por la Soberanía de Puerto Quequén, activa desde hace tres años en Necochea, ha declarado públicamente su solicitud urgente al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires para que intervenga el Consorcio de Gestión. El objetivo es prevenir lo que consideran “treinta años más de despojos” en la Terminal Quequén.
Sus principales demandas son:
- Creación de una Sociedad del Estado Provincial: Que opere la Terminal Quequén, propiedad del Estado provincial, para garantizar su servicio público.
- Recuperación de Renta Comercial: Que los bonaerenses recuperen una “renta comercial multimillonaria en divisas”. Para ello, proponen la creación de una Sociedad del Estado provincial exportadora que actúe como “empresa testigo” para evitar la evasión y fuga de divisas, y transparentar el comercio exterior de granos.
La Asamblea argumenta que esto es fundamental para lograr la “tan ansiada Soberanía económica”, dado que el sector agroexportador aportó el 92% de las divisas netas en el último lustro. Este sector, altamente extranjerizado, ha logrado un “lugar de privilegio en el manejo de las divisas extranjeras”, transformándose en un “gran pulmón financiero con alto poder de fuego político” que define el rumbo monetario del país y promueve la especulación.
Irregularidades y Conflictos de Intereses
La Asamblea expresa alarma por la contratación de un estudio jurídico privado por parte del Consorcio, propuesto por la Cámara Industria Aceitera de la República Argentina (que representa intereses de exportadores extranjeros), para confeccionar los pliegos de la nueva concesión. Esto, según el comunicado, constituye una “grave irregularidad que direcciona la licitación” y demuestra que el Consorcio funciona como un “representante privado” de empresas monopólicas.
La situación se torna “más grave y opaca” debido a la negativa del Consorcio a proporcionar información sobre el proceso licitatorio, a pesar de una solicitud respaldada por más de 400 ciudadanos. Se afirma que el Consorcio estaría ejerciendo presión para mantener todas las decisiones del Directorio bajo un “pacto de confiabilidad”.
Se considera “absolutamente incompatible” que firmas exportadoras privadas operen simultáneamente una Terminal, ya que esto les permite conformar “trusts comerciales” y pagar precios “sensiblemente inferiores” a los productores de la región. Esta maniobra se suma a otras denunciadas por la Asamblea, que “perjudican a toda la población”. La Asamblea concluye que las exportadoras no solo se han convertido en el poder económico dominante de la región, sino que también “compran voluntades en la política, sindicatos y medios de difusión, colonizando el pensamiento y los actos de los ciudadanos”.
Cuestionamientos sobre el Uso de Fondos Públicos y Aspiraciones Políticas
En este contexto de reclamos por la transparencia y el manejo de los recursos públicos, han surgido cuestionamientos sobre el presunto uso de fondos del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén para impulsar la imagen de Jimena López de cara a una posible candidatura a intendenta en 2027. Se ha señalado que proyectos como “Puerto Participativo” y diversas actividades gratuitas organizadas en Fernández, La Dulce y Quequén durante las vacaciones de invierno, podrían estar sirviendo como plataformas de campaña encubiertas, utilizando recursos que deberían destinarse exclusivamente al desarrollo portuario y la comunidad.
Estas críticas se intensifican al recordar el cuestionado paso de su hermano, Facundo López, por la intendencia de Necochea. Su gestión estuvo marcada por diversas controversias y dejó un antecedente que, para algunos sectores, genera recelo ante nuevas aspiraciones políticas de miembros de la misma familia, especialmente si se percibe un uso discrecional de fondos públicos.
Por todo lo expuesto, la Asamblea por la Soberanía de Puerto Quequén solicita a todas las fuerzas soberanistas argentinas la más amplia difusión de esta denuncia y la realización de acciones pertinentes para que las autoridades provinciales pongan freno a políticas que, a su juicio, “nos remiten a lo peor de la entrega menemista”.
