Buenos Aires, 29 de julio de 2025 – El presidente Javier Milei y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, han presentado sus declaraciones juradas de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA), revelando incrementos patrimoniales significativos en el último año.
El Patrimonio del Presidente Javier Milei
El mandatario informó un patrimonio total de $206.046.375, lo que representa un incremento de $80.405.484 respecto a su declaración de cierre de 2023, cuando había consignado $125.650.891. Es importante destacar que este aumento patrimonial se atribuye principalmente a la revalorización de sus bienes, ya que no se incorporaron nuevos inmuebles durante el último año, manteniendo la misma propiedad declarada en períodos anteriores.
En detalle, Milei declaró poseer ahorros en efectivo por US$20.000, equivalentes a $20.580.000 al momento de la presentación. Su inmueble de 100 metros cuadrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vio su valuación crecer de 13.657.100 a **$38.419.071**. Adicionalmente, informó tener **US65.542 depositados en cuentas bancarias locales**, declarados en pesos por un valor de $67.443.222. El presidente no registra deudas y posee dos vehículos valuados en conjunto en $36.427.800.
El Crecimiento Patrimonial de Karina Milei
Por su parte, Karina Milei declaró un patrimonio de $11.401.021, lo que implica una suba de casi $8 millones en comparación con su anterior presentación, que ascendía a $3.548.270. Al igual que en el caso de su hermano, este incremento se explica mayoritariamente por la reevaluación de sus bienes.
A diferencia del presidente, la secretaria General de la Presidencia no informó tenencia de dólares en efectivo ni depositados. Su principal activo es un departamento de 150 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, valuado actualmente en $3.992.825, frente a los $1.833.559 del período anterior. También declaró $4.260.081 en una caja de ahorro y un crédito impositivo de poco más de $2.4 millones.
La presentación de declaraciones juradas es un requisito obligatorio para todos los funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores nacionales, quienes deben informar anualmente sus bienes ante la Oficina Anticorrupción.
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