La ley, que había sido aprobada por una amplia mayoría en el Congreso, buscaba declarar la emergencia pública en discapacidad para garantizar el acceso a prestaciones de salud, educación, transporte y asistencia adecuada. Sin embargo, el presidente Milei la vetó por considerarla “insostenible fiscalmente”, una decisión que el sector calificó como un “golpe bajo” y un acto de “insensibilidad política”.
Un veto que profundiza la crisis
El veto no solo generó un fuerte descontento, sino que profundiza la crisis que vive el sector. Desde hace meses, las prestaciones se ven afectadas por la falta de actualización de aranceles, los atrasos en los pagos a los prestadores de servicios y la burocracia que dificulta la atención de miles de personas con discapacidad.
“La emergencia en discapacidad no es ideológica ni partidaria. Es humana. Vetar esta ley es darle la espalda a quienes más lo necesitan”, señalaron desde distintas asociaciones, destacando que esta medida no solo afecta a las personas con discapacidad, sino también a sus familias y a los profesionales que los asisten diariamente.
La concentración en Necochea se suma a las manifestaciones que se replicarán en distintas ciudades del país, bajo la consigna “La discapacidad no puede esperar”. El objetivo es visibilizar la gravedad de la situación y exigirle al gobierno nacional que dé marcha atrás con su decisión
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