La situación económica actual ha impactado de manera directa en la administración de los edificios de la Provincia de Buenos Aires. Según informes del sector, la deuda por expensas ha dejado de ser una contingencia temporal para transformarse en un factor estructural que condiciona la operatividad de los consorcios.
Especialistas del rubro advierten que el índice de morosidad ha escalado de manera sostenida, lo que obliga a las administraciones a postergar arreglos fundamentales. “La prioridad hoy es pagar los servicios esenciales y los salarios del personal, dejando para después las obras de mantenimiento preventivo”, explicaron referentes del sector inmobiliario.
Este escenario genera un deterioro progresivo en la infraestructura de los inmuebles. La falta de fondos impide realizar reparaciones en fachadas, ascensores y sistemas de impermeabilización, lo que en el largo plazo encarece los costos de recuperación. En ciudades con alta densidad edilicia, como La Plata, Mar del Plata y Necochea, la problemática se agudiza por el efecto del clima marítimo en las estructuras.
Desde el punto de vista legal y social, los consorcios encuentran límites para gestionar los cobros ante la insolvencia de muchos propietarios. “El proceso judicial por cobro de expensas es lento y no resuelve la urgencia financiera del edificio”, destacan los asesores consultados. La acumulación de deuda no solo afecta la estética, sino también la seguridad de quienes habitan las unidades funcionales.
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