Milei avanza contra periodistas y analiza exigirles declaraciones juradas patrimoniales
El enfrentamiento del presidente Javier Milei con el diario La Nación no aparece como un episodio aislado, sino como parte de una ofensiva más amplia contra sectores del periodismo crítico. En ese marco, comenzó a circular en despachos oficiales la idea de impulsar un proyecto de ley para obligar a periodistas a presentar declaraciones juradas patrimoniales, como si se tratara de funcionarios públicos.
La iniciativa, según trascendió, ya llegó al Congreso y tendría como trasfondo el clima de tensión generado por las publicaciones sobre el vocero presidencial Manuel Adorni, cuestionado en distintos medios por inconsistencias entre sus ingresos declarados y su nivel de gastos.
En la Casa Rosada interpretan que la presión mediática sobre Adorni forma parte de una ofensiva política y, en ese contexto, algunos sectores libertarios evalúan responder con una herramienta legal que ponga bajo escrutinio público a periodistas y comunicadores.
La propuesta incluso habría sido conversada con diputados del kirchnerismo, bajo la hipótesis de que podrían acompañarla por su histórica disputa con determinados grupos mediáticos. Sin embargo, desde sectores opositores ya anticiparon un fuerte rechazo.
“Es un intento burdo de presión sobre el periodismo crítico y otra mala señal para la libertad de expresión”, afirmó un diputado consultado sobre la posible iniciativa.
El clima se agravó en los últimos días luego del ataque público de Milei contra Fernán Saguier, tras una nota publicada por La Nación que molestó al Presidente. El episodio volvió a poner en el centro de la escena la relación del Gobierno con los medios y el tono cada vez más agresivo de sus respuestas.
A esto se suma la actividad de cuentas alineadas con la Casa Rosada en redes sociales, que difundieron presuntos domicilios de periodistas reconocidos, en una práctica de doxeo que ya derivó en presentaciones judiciales. Según se indicó, maniobras similares ya habían sido utilizadas en disputas internas del propio oficialismo, como ocurrió con Sebastián Pareja.
El caso Adorni también derivó en restricciones concretas dentro de la Casa Rosada. Semanas atrás se impidió el ingreso de periodistas acreditados de varios medios, luego de que realizaran preguntas incómodas sobre el patrimonio del vocero. La justificación oficial fue que esos medios habían publicado contenidos supuestamente financiados por Rusia, una acusación que no fue acreditada públicamente.
Entre los periodistas afectados, la medida fue tomada con ironía y preocupación. “No tengo problema en presentar mi declaración jurada de bienes. Es una hoja en blanco con una firma. Podés darme vuelta y sacudirme que no se me cae una moneda”, bromeó uno de los profesionales a quienes se les bloqueó el ingreso.
Más allá del tono anecdótico, la discusión abre un frente institucional sensible. La eventual obligación de presentar declaraciones juradas para periodistas instalaría un debate profundo sobre libertad de expresión, derecho a la privacidad y límites del poder político frente al ejercicio de la prensa.
En medio de una relación cada vez más tensa con medios tradicionales, el Gobierno parece decidido a escalar la confrontación. La pregunta ahora es si esa ofensiva quedará en una amenaza discursiva o si efectivamente se convertirá en un proyecto legislativo capaz de reconfigurar la relación entre política, periodismo y poder.
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