La Cámara de Diputados asestó un nuevo revés al Gobierno de Javier Milei al insistir con el financiamiento para las universidades y el Hospital Garrahan. Con una votación contundente, la oposición logró los votos necesarios para rechazar los vetos presidenciales y girar ambas leyes al Senado, a pesar de los intentos del oficialismo por frenar el debate.
Un triunfo legislativo y un quiebre político
En una sesión convocada por la oposición, la mayoría de los bloques, incluidos algunos de los que antes apoyaban al Gobierno, ratificaron la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia para el Hospital Garrahan. Estas leyes, que buscan garantizar recursos para la educación superior y la salud pediátrica, habían sido vetadas por el presidente Milei.
El rechazo a los vetos superó los dos tercios necesarios, con 181 votos a favor para la emergencia del Garrahan y 174 votos para el financiamiento universitario. La votación fue un golpe directo a la estrategia de Milei, que intentó detenerla a través del presidente de la Cámara, Martín Menem, y de una propuesta de último momento del jefe de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, que no tuvo éxito.
La sesión también dejó en evidencia la división de los bloques opositores. Mientras Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) buscaba una votación rápida, el radical Rodrigo de Loredo (UCR) insistía en el debate, aunque ambos coincidieron en la necesidad de rechazar los vetos. A pesar de las tensiones, los bloques lograron un consenso para votar por separado, asegurando los votos necesarios antes de que los legisladores se retiraran.
Lo que las leyes vetadas buscaban
La Ley de Financiamiento Universitario pretende la reapertura de paritarias, el aumento de los fondos para gastos de funcionamiento y becas, y la creación de un fondo de 10.000 millones de pesos para fomentar el ingreso a carreras estratégicas.
Por su parte, la declaración de emergencia para la salud pediátrica busca asignar de manera prioritaria e inmediata recursos al Hospital Garrahan, recomponer los salarios del personal de salud y derogar una resolución que modificó el sistema de residencias. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la inversión anual de esta medida asciende a 133.433 millones de pesos.
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