21 de septiembre de 2025
La Justicia federal citó a declarar a 26 exdirectores de Vicentin y del Banco Nación en el marco de una investigación por presunto fraude que habría generado un perjuicio al Estado de al menos 260 millones de dólares.
La decisión fue tomada por el juez Julián Ercolini, a partir del pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante la causa desde hace cinco años. Además de las indagatorias, se ordenó la inhibición general de bienes de los acusados y una prohibición de salida del país.
Las audiencias se realizarán entre el 27 de octubre y el 18 de diciembre.
El caso
De acuerdo a la investigación, entre agosto y diciembre de 2019 las autoridades del Banco Nación habrían acordado con directivos de Vicentin desarticular las garantías que tenía la entidad, liberar fondos que estaban retenidos y otorgar nuevos créditos prohibidos por la normativa vigente.
El fiscal sostiene que la maniobra permitió a la cerealera retirar fondos y evitar el pago de saldos adeudados, en perjuicio del banco y del Estado nacional. Parte del dinero —unos 16,9 millones de dólares— habría sido transferido al exterior mediante operaciones simuladas y enviado a cuentas en paraísos fiscales.
Además, Pollicita denunció el uso de facturas apócrifas por más de 222 millones de pesos (3,7 millones de dólares) para justificar gastos inexistentes.
Los citados
Entre los convocados figuran directivos de Vicentin, como Daniel Néstor Buyatti (presidente), Alberto Julián Macua (vice), Herman Roberto Vicentin (apoderado), Roberto Oscar Vicentin, Martín Sebastián Colombo y Máximo Javier Padoan, entre otros.
Por el lado del Banco Nación, deberán declarar Javier González Fraga (expresidente), Lucas Llach (exvice), Carlos Castellani, así como exdirectores, gerentes, subgerentes y síndicos de la entidad.
El perjuicio al Estado
La fiscalía calcula que el fraude habría generado un daño patrimonial cercano a los 300 millones de dólares. Pollicita remarcó que Vicentin era el principal cliente del Banco Nación, con una línea de crédito que representaba más del 20% del patrimonio de la entidad, lo que implicaba un nivel de exposición riesgosa nunca permitido.
“Los funcionarios del BNA no protegieron el patrimonio del banco, sino que actuaron para beneficiar a la empresa, en perjuicio del Estado”, señaló el fiscal.
La investigación continúa y se considera de alta complejidad, debido al volumen de dinero involucrado y al impacto que tuvo en la principal entidad bancaria pública del país
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