Buenos Aires, 25 de septiembre de 2025. – Productores agropecuarios manifestaron fuerte malestar contra el gobierno de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, al denunciar que el beneficio transitorio de retenciones cero para exportaciones de granos favoreció exclusivamente a las grandes cerealeras y dejó afuera a la mayoría del sector.
El esquema, publicado por decreto el lunes, permitió exportar hasta USD 7.000 millones sin retenciones, pero el cupo se agotó en apenas 72 horas tras una avalancha de declaraciones juradas de las compañías nucleadas en la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA). Una vez alcanzado ese límite, las retenciones volvieron al nivel anterior.
Críticas de la Mesa de Enlace
“Fue un acuerdo en una mesa con diez personas. En tres días se llevaron USD 2.000 millones. El Gobierno buscó esto”, señalaron desde la Mesa de Enlace, al advertir que los productores quedaron marginados.
La Federación Agraria Argentina (FAA) sostuvo que la mayor parte de los granos ya estaba en poder de los exportadores, lo que impidió a los chacareros acceder al beneficio. “Mientras hablaban con nosotros, el Gobierno ya había cerrado la cuenta con las cerealeras. El campo la vio pasar”, remarcaron.
Reclamos desde la Sociedad Rural
Incluso dentro de la Sociedad Rural Argentina (SRA), alineada con Milei a nivel nacional, surgieron críticas. La seccional Rosario difundió un duro comunicado en el que denunció que el negocio quedó “en manos de un grupo reducido de grandes exportadores” y que la medida, lejos de ser un gesto al campo, “generó desequilibrios, exclusión y malestar en quienes sostienen la producción”.
Sospechas sobre maniobras
Productores denunciaron que las cerealeras liquidaron granos comprados previamente a los agricultores, descontándoles las retenciones, o incluso declararon ventas futuras para asegurarse el beneficio. Según estimaciones oficiales, la operatoria implicará ingresos por USD 6.000 millones, con una pérdida fiscal cercana a los USD 1.500 millones.
Un beneficio político fallido
La medida, que buscaba acercar al Gobierno a un sector clave de cara a las elecciones de octubre, generó el efecto contrario. “Fue una decisión desesperada por la necesidad de dólares”, admitió un gobernador, quien advirtió que “las bajas circunstanciales atentan contra la posibilidad de una reducción permanente de las retenciones”.
Exfuncionarios y dirigentes opositores también salieron al cruce. El exministro de Agricultura Ricardo Buryaile ironizó que “ni Massa se animó a tanto”, en referencia a los programas de “dólar soja” implementados por el exministro de Economía.
Cuestionamientos internos
El productor Carlos Milicevic, exvicepresidente del Senasa, calificó la decisión como “una medida de política cambiaria y no agropecuaria”. Según señaló, “solo benefició a los exportadores, los productores tienen razón en sentirse desencantados”.
En paralelo, trascendieron cuestionamientos hacia el rol de funcionarios cercanos a Caputo con intereses en el sector, como Juan Pazo (titular de ARCA) y Daniel González (viceministro coordinador de Energía y director de Adecoagro), lo que reavivó sospechas sobre posibles conflictos de interés
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