Por cuarta vez, el principal activo portuario bonaerense queda bajo un permiso precario tras el bloqueo de exportadores y directores vinculados a la concesionaria.
La diputada electa y hasta ahora presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Jimena López, no consiguió avanzar con la licitación del Elevador Terminal y terminó otorgando una nueva prórroga a la actual operadora. Se trata del cuarto permiso precario consecutivo, una figura no contemplada en el pliego original y que especialistas califican como de dudosa legalidad.
El elevador, considerado el principal activo de la provincia de Buenos Aires en el sistema portuario, sigue así bajo el control indirecto de un grupo de exportadores que, según denuncian fuentes internas, impiden cualquier intento de normalización del proceso concesionario.
Entre los actores más cuestionados se encuentra el director Daniel Arce, señalado por ocupar simultáneamente un cargo en la concesionaria. En una reunión interna, Arce habría afirmado que “hay que insistir con prórrogas hasta el 2027, cuando se vaya Kicillof y venga un gobierno más market friendly, entonces conseguiremos una extensión por 30 años”.
La gestión de López había anunciado en reiteradas oportunidades fechas para la licitación y adjudicación del elevador, pero los planes se vieron frustrados por un entramado de intereses políticos y empresariales que, desde 2022, bloquean cualquier avance. El episodio profundiza la sensación de parálisis en torno a uno de los enclaves económicos más estratégicos del puerto y deja a la provincia, una vez más, sin un proceso transparente ni competitivo para la administración de sus activos.
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