Un decreto del Ejecutivo elimina una norma vigente desde 1993 que regulaba los precios de matrículas y cuotas en escuelas privadas. En la provincia de Buenos Aires, el impacto dependerá de la postura del gobierno bonaerense.
El Gobierno nacional dispuso la eliminación del sistema de control estatal sobre los aranceles de los colegios privados, al derogar una norma que regía desde hace más de tres décadas. La medida, establecida mediante el Decreto 787/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial, implica que los establecimientos educativos de gestión privada podrán fijar libremente sus cuotas y matrículas sin requerir autorización previa del Estado nacional.
Hasta ahora, el Decreto 2417/1993 establecía pautas de control sobre los precios que los institutos debían comunicar y justificar ante las autoridades educativas antes de aplicar cualquier modificación. Con la nueva disposición, se elimina esa obligación y se avanza hacia un esquema de “libertad de precios” para las instituciones privadas.
Según los fundamentos del decreto, la norma derogada “imponía limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos privados a las realidades educativas y económicas del país”. El texto argumenta que el sistema de control respondía a una época en la que la educación era administrada por la Nación y que, tras el traspaso de competencias a las provincias, resultaba necesario “modernizar el marco regulatorio” para promover un entorno más flexible.
Desde el Gobierno nacional sostienen que la intervención estatal en la fijación de aranceles “generó efectos contraproducentes que afectaron la viabilidad económica del sector”. En esa línea, remarcaron que los colegios “deberían tener la libertad de establecer sus condiciones de contratación y los salarios de su personal sin requerir autorización estatal”, en defensa del derecho de propiedad y la autonomía de gestión.
Qué pasará en la provincia de Buenos Aires
En el territorio bonaerense, los aumentos en las cuotas escolares continúan bajo supervisión del Gobierno provincial, por lo que no se prevé que la desregulación tenga un efecto inmediato. La administración de la provincia es la encargada de avalar o limitar los incrementos en función de los subsidios estatales que reciben los establecimientos.
Sin embargo, la medida nacional abre la puerta a una eventual presión del sector privado para replicar la liberalización en las jurisdicciones provinciales, lo que podría impactar en los valores de matrícula y cuotas a partir del ciclo lectivo 2026.
El decreto fue recibido con expectativa por cámaras y asociaciones de escuelas privadas, que ven en la medida una oportunidad para ajustar sus estructuras de costos sin trabas burocráticas, aunque distintos sectores educativos y gremiales advirtieron que la desregulación podría incrementar las desigualdades en el acceso a la educación privada.
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