Crece la tensión en Puerto Quequén.

A fin de mes vence la prórroga que mantiene operativa la terminal de Puerto Quequén bajo la gestión de Terminal Quequén SA, sin que el Consorcio de Gestión haya avanzado en una licitación largamente reclamada. El vacío de definiciones, que se arrastra desde 2022, encendió las alarmas entre gremios, actores del sector agroexportador y parte del propio directorio, mientras el puerto —clave para la salida de granos en el sur bonaerense— funciona en un estado de incertidumbre permanente.

En los últimos tres años, la terminal que opera los muelles 4, 5 y 6 continuó bajo extensiones consecutivas. La actual, que caduca a fin de mes, vuelve a poner en el centro del debate la falta de planificación para reemplazar un contrato cuyo vencimiento original se conoce desde hace tres décadas. A esto se suma otro dato político: el directorio cambiará de gestión a mediados de 2026, y en uno días días lo hará el mandato de la presidenta del Consorcio, Jimena López, cuando asuma su banca la ahora electa diputada nacional en la lista de Fuerza Patria.

Hoy, todas las miradas apuntan al Consorcio de Gestión. Según fuentes consultadas, los pliegos están en manos de un estudio jurídico desde hace meses, pero no se cumplió con el deber de informar al directorio sobre su avance. La indefinición ya afecta la imagen institucional de Quequén frente a otros puertos que, mientras tanto, avanzan con inversiones y acuerdos de largo plazo.

Desde el gremio de Dragado y Balizamiento, el director Gustavo Gavilán sintetizó a el diario La Nación el malestar: “Estamos funcionando en una situación de transición permanente, y no es bueno. Los pliegos podrían haberse sacado en seis meses. Las prórrogas dan continuidad, pero no certidumbre”. También señaló que la operatividad se sostiene gracias al personal y la experiencia acumulada, pero que la falta de rumbo tiene un “costo oculto” en logística y decisiones comerciales.

Otro factor de tensión es la vacante en la gerencia general, que López cubre simultáneamente junto con la presidencia. Para actores del sector, esta concentración de funciones “dificulta la gestión diaria y la toma de decisiones técnicas”, en un momento donde se requiere claridad administrativa. Vo puede ser, afirman, que el Consorcio se dedique a organizar fiestas feministas y no haya tiempo para las cosas reales que el puerto necesita, afirman desde la línea gerencial.

Aunque el Consorcio y el sindicato coinciden en que no hay riesgo para las fuentes laborales —existe un acuerdo que obliga al futuro operador a absorber al personal—, reconocen que la indefinición “afecta las buenas prácticas” y genera un clima de inseguridad jurídica.

Para Gavilán y otros referentes portuarios, la receta es clara: un proceso de licitación abierto, transparente y profesional que garantice previsibilidad. “Si el objetivo es modernizar, hagámoslo bien, sin interferencias políticas y sin poner en riesgo lo que ya funciona”, afirmó.

Mientras el reloj avanza hacia el vencimiento de la prórroga, Puerto Quequén enfrenta nuevamente su punto crítico: decidir si vuelve a estirar una concesión que ya lleva tres años fuera de término o si, al fin, inicia el camino de una licitación que permita ordenar el futuro de una de las terminales más relevantes para la economía regional.

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