El ex-juez llega a Necochea para compartir su mirada sobre el Juicio a las Juntas y ofrecerá una charla abierta en el Concejo Deliberante en el marco de los 40 años del juicio que marcó a la democracia argentina. Ofrecerá una charla abierta en el Concejo Deliberante en el marco de los 40 años del juicio que marcó a la democracia argentina. organizada por el programa “Concejo Cerca” y la Comisión de Derechos Humanos, quienes curiosamente parece desconocer los controvertidos antecedentes del Gil Lavedra
Quién es Gil Lavedra?
Ricardo Gil Lavedra nació en la ciudad de Buenos Aires el 24 de julio de 1949 en la ciudad de Victoria, Entre Ríos. Su padre fue Ricardo Gil, oficial de Aeronáutica, teniente primero de la Fuerza Área.
En 1962 ingresó al Liceo Militar General San Martín, de donde egresaría en el año 1966 y se graduó de abogado en 1972.[6]Con menos de 30 años fue designado por el dictador Jorge Rafael Videla como procurador general en la Corte Suprema de Justicia de la Nación; entre 1976 y 1978; donde juró lealtad ante los estatutos del Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) y a sus comandantes. .[7]Tras la salida de Videla del poder pasó al ámbito privado donde fue Subgerente de Asuntos Legales del grupo Pérez Companc. Gil Lavedra está divorciado y es padre de cuatro hijos.[8]
Entre 1979 y 1983 desarrolló su actividad en el ámbito privado como Subgerente de Asuntos Legales del grupo Pérez Companc.[10][12] [8] Integró el tribunal que juzgó a las Juntas Militares.[13] En 1988 fue designado por el entonces presidente Raúl Alfonsín como Secretario del Interior, cargo que ejerció hasta 1989.[14]En junio del año 2000 fue denunciado penalmente junto el Director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería Mariano Maciel, por presuntas irregularidades en el trámite de detención y extradición de militares argentinos reclamados por el juez español Baltazar Garzón, por presunta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, previsto y reprimido por el artículo 248 del Código Penal Argentino.[15][16]En junio del año 2000 fue denunciado penalmente junto el Director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería Mariano Maciel, por presuntas irregularidades en el .[15][16]
]En 1999 fue designado por el presidente Fernando De la Rúa como Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cargo que desempeñó hasta octubre de 2000. En dicho cargo afrontó una causa judicial cuando fue denunciado por el exfiscal Luis Moreno Ocampo ante la Oficina Anticorrupción, involucrando también al titular de la SIDE, Fernando de Santibañes, por “tráfico de influencias” en beneficio de directivos del Banco Galicia en una causa judicial. Según el fiscal Ocampo, el gobierno de De la Rúa, envió a un “emisario” en nombre de Gil Lavedra que “operara” en la causa a favor de Eduardo Escasany, presidente del Galicia. [20]fue
En las elecciones de 2007 fue candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires representando a la UCR, luego de elecciones internas del partido en las que obtuvo la mayoría de votos frente a Rodolfo Terragno. Su candidatura se integraba a la boleta de UNA (Una Nación Avanzada),[21] que no alcanzó los votos necesarios para obtener bancas. Para las elecciones legislativas de 2009 fue candidato a diputado nacional por la misma ciudad, junto a Alfonso Prat Gay y Elisa Carrió representando al Acuerdo Cívico y Social, obteniendo un escaño.[13]
En 2013 Gil Lavedra encabezó el listado de precandidatos a Diputados Nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por UNEN, pero no superó el mínimo necesario de votos que le hubieran permitido participar en las elecciones generales.[22][23]En 2016 Ricardo Gil Lavedra en declaraciones periodísticas se pronunció por dar por concluidos los juicios y causas por delitos de lesa humanidad perpetrados durante el terrorismo de Estado.
En abril de 2015 se anuncia que Ricardo Gil Lavedra se hará cargo de la defensa del exjuez Ricardo Lona, bajo cuya custodia y jurisdicción fueron asesinados once presos políticos en la masacre de Palomitas en 1976 y el gobernador de Salta, Dr Ragone, en 1973. El exjuez se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria y ha sido acusado como principal responsable y encubridor, desde su cargo en la judicatura, de las matanzas que tuvieron lugar en la provincia de Salta durante la dictadura militar. Las asociaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas han manifestado su profundo malestar ante la decisión de Gil Lavedra de asumir una tarea de defensa del magistrado salteño. Ricardo Lona, esta acusado de encubrimiento en el secuestro y desaparición del exgobernador peronista provincial Miguel Ragone y otras víctimas de la represión.[25][26][7][27] Ese año, logró que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunciara a su favor en un caso que involucra el derecho de acceder a la información[28][29]
En 2016 fue nombrado coordinador del programa Justicia 2020,[32] una iniciativa creada con el objetivo de mejorar las prácticas judiciales.[33][34] El programa fue elaborado por el exministro de Justicia Germán Garavano, quien fue director académico de FORES (Foro de Estudios para la Administración de Justicia).[35] De acuerdo con La Izquierda Diario, esta organización es el think thank jurídico de grandes multinacionales y dentro de sus auspiciantes se encuentran la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, los bancos Galicia y Santander Río, Telefónica y la empresa Ledesma, propiedad de Carlos Pedro Blaquier. La organización fue fundada por Jaime Lamont Smart, quien fue funcionario durante la dictadura y el único civil condenado por su participación en el “Circuito Camps”.[36]
Ricardo Gil Lavedra representó en 2016 a la vicepresidenta Gabriela Michetti, investigada por lavado de dinero a través de la Fundación SUMA, la cual preside,[60] causa donde el Juez titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4, Ariel Lijo, dispuso sobreseer a la exvicepresidenta.[61]
El 6 de noviembre de 2018 quedó oficializado como conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el Decreto 1022/2018 del Poder Ejecutivo Nacional (P.E.N.).[37][38][39]) intervino ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos “Casas” y “Weretilneck”, donde la Corte Suprema ratificó la prohibición constitucional de un tercer mandato consecutivo.[40][41]
En 2018 la AFIP al mando de Alberto Abad realizó una millonaria contratación del estudio del diputado Gil Lavedra, para “brindar sus servicios profesionales de asesoramiento” [67][68][69] En declaraciones periodísticas, Gil Lavedra dijo que la contratación era para intervenir en la causa de Cristóbal López porque había abogados de la AFIP imputados en la causa, y que cobraba por horas y con un tope, todo certificado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la AFIP.[70][71]
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