La fiscal general del Departamento Judicial de Necochea, Analía Duarte, analizó su rol como representante de la Procuración bonaerense en el jury que destituyó a la exjueza Julieta Makintach y calificó la experiencia como un desafío profesional de enorme magnitud. Duarte afirmó que la magistrada actuó “en beneficio propio” y que sus conductas afectaron la imparcialidad que exige la función judicial.
Duarte recordó que fue la primera vez que encabezó una acusación en un juicio político, un proceso donde intervienen poderes del Estado y se analiza “nada menos que la continuidad de un magistrado”. Señaló que la tarea involucró una gran responsabilidad institucional y que el tribunal terminó aceptando cinco de las ocho fallas graves planteadas en la acusación inicial. “Lo relevante es demostrar que la conducta del magistrado no reúne las exigencias que la Constitución impone para ejercer el cargo”, explicó.
La fiscal destacó una frase pronunciada durante la audiencia por uno de los miembros del tribunal, que a su entender sintetizó el caso: “Cuando se enciende la cámara y se enciende el ego de un magistrado, se apaga la Justicia”. A partir de esa reflexión, aseguró que Makintach había perdido la imparcialidad requerida y subordinado su función a intereses propios, aunque el jury no determinó si su motivación fue solo personal o también económica.
Entre los elementos más graves, Duarte subrayó el hallazgo de un “guion” de la miniserie en la que participaba la exjueza, con capítulos predeterminados titulados “Justicia” y “Sentencia” previos a la producción de la prueba real del caso que debía juzgar. Para la fiscal, eso implicaba que la sentencia ya estaba decidida a días del debate y que no habría habido una evaluación probatoria adecuada.
Las conductas que derivaron en la destitución fueron calificadas como abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Duarte indicó que Makintach aún puede recurrir la decisión en instancias nacionales e internacionales, y recordó que varios elementos surgidos del jury ya forman parte de la investigación penal en la Fiscalía de San Isidro, donde la exmagistrada no cuenta con fueros.
La fiscal también confirmó que los otros dos jueces involucrados, Sabarino y Tomasso, enfrentan un sumario administrativo preliminar que podría derivar en pedidos de jury si se comprobara alguna falta grave. Como balance personal, señaló: “Nunca había presenciado algo de esta naturaleza”, y destacó que el proceso fue analizado por un jurado integrado exclusivamente por abogados, lo que permitió una comprensión más técnica del caso.
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