En un nuevo capítulo de la puja de poder que enfrenta a Terminal Quequén S.A. con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, un sector del directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, avanzó en una autoconvocatoria para designar a un presidente interino y a un gerente general, una maniobra que desde distintos ámbitos califican como abiertamente ilegal y que podría escalar en un conflicto institucional de alto voltaje.
Una reunión autoconvocada con fuertes implicancias
La convocatoria, impulsada por el gerente de la empresa Daniel Arce y acompañada por el director de Coninagro Juan Ouwerkerk, y los representantes sindicales Mariano Carrillo y Gustavo Gavilán —dirigentes que por diversas circunstancias responden a Sergio Massa—, fue fijada para este jueves. Según trascendió, el orden del día incluye tres puntos altamente sensibles:
1. Nombramiento de un presidente provisorio del Consorcio, una facultad que la Ley Provincial de Actividades Portuarias reserva de manera exclusiva al gobernador.
2. Designación de un gerente general, para lo cual ya suena el nombre del exconcejal y excandidato a intendente por Juntos por el Cambio, Pablo Aued, con un salario que superaría los 20 millones de pesos mensuales.
3. Tratamiento de una prórroga sin fecha de vencimiento de la concesión del Elevador Nº 4, un activo estratégico dentro del esquema exportador del puerto.
La maniobra se sustenta en una modificación reciente del reglamento interno del Consorcio, impulsada por los mismos directores que ahora buscan usarla como fundamento jurídico para avanzar sin la Provincia. Según fuentes portuarias, la intención es asegurar el control operativo y político del ente portuario en un momento clave para la exportación de granos y la renegociación de contratos.
Aued, un nombramiento polémico
La posible designación de Pablo Aued como gerente general generó ruido inmediato en el ámbito político y portuario. Más allá del elevado salario estimado en 20 millones de pesos, lo que despierta mayor controversia es su falta de experiencia en operaciones portuarias.
Aued sólo tuvo una labor menor en el Consorcio, cuando fue nombrado jefe de Personal durante la presidencia de Arturo Rojas, por entonces presidente del ente portuario portuario y hoy intendente de Necochea. Su vínculo con el puerto fue estrictamente administrativo, sin relación con la operatoria logística o la gestión sectorial.
Según fuentes internas, su llegada respondería más a su estrecha relación personal y política con Daniel Arce que a una formación técnica o estratégica para el cargo. Para sectores críticos, esto permitiría a Terminal Quequén S.A. ejercer un control directo sobre la gerencia general del Consorcio.
La Provincia advierte sobre la ilegalidad de la maniobra
En el gobierno bonaerense altos funcionarios consideran que la autoconvocatoria carece de validez jurídica, ya que —afirman—:
- Sólo el presidente del Consorcio designado por el gobernador puede convocar reuniones de directorio.
- Cualquier resolución tomada en una reunión no autorizada es nula de pleno derecho.
- La Ley 11.414 establece que la representación del Estado provincial no es delegable ni sustituible por voluntad de los directores.
Dentro del propio puerto también hay alarma: personal técnico y administrativos consultados anticipan que, de concretarse la reunión, podrían desencadenarse denuncias civiles y penales contra los directores que participen de la avanzada.
Crece el rumor de una posible intervención
En el entorno de Axel Kicillof comenzó a circular con mayor fuerza la posibilidad de que la Provincia evalúe una intervención del Consorcio de Gestión si el conflicto escala. La medida sería extrema, pero no inédita: en otras terminales bonaerenses se ha recurrido a esta herramienta cuando se consideró que la seguridad jurídica y la gobernabilidad portuaria estaban en riesgo.
Fuentes legislativas incluso señalan que la escalada de Terminal Quequén S.A. podría ser parte de una estrategia para influir en la renegociación del contrato de concesión, un proceso que viene demorado y cargado de tensiones económicas y políticas.
Un conflicto que puede afectar la operatoria portuaria
El Puerto de Quequén, uno de los principales polos agroexportadores del país, enfrenta así un conflicto político que podría tener impacto operativo en plena campaña fina por comenzar. La incertidumbre sobre la conducción del Consorcio genera preocupación entre navieras, acopiadores y cooperativas, que observan con inquietud cómo un conflicto interno podría repercutir en costos y tiempos logísticos.
Mientras tanto, en La Plata ya reconocen que el caso se convirtió en una prioridad política, no sólo por la ilegalidad denunciada, sino por el riesgo de sentar un precedente en otros puertos bonaerenses.
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