La justicia formalizó la imputación de los propietarios y del personal a cargo del geriátrico donde tres mujeres de edad avanzada perdieron la vida. Las indagatorias establecieron que el recinto presentaba deficiencias estructurales críticas para la seguridad, incluyendo detectores de humo que no se activaron durante la emergencia.
El establecimiento tampoco contaba con los permisos de funcionamiento que exige la Agencia de Control Gubernamental porteña, lo cual configura una responsabilidad directa para los propietarios. La tragedia se desencadenó en horas de la madrugada, momento en que la falta de sistemas de alerta y de un plan de evacuación eficaz agravó el panorama.
Las cuidadoras enfrentan cargos por su rol en el supuesto incumplimiento de los deberes de asistencia inmediata. La fiscalía investiga el procedimiento llevado a cabo durante la crisis y si el personal contaba con la capacitación necesaria. Los informes periciales sobre el estado de las instalaciones y los testimonios de los involucrados son piezas centrales para determinar las causas exactas y las responsabilidades penales.
Las autoridades no descartan que el caso adquiera mayor complejidad a medida que avance la investigación. Los familiares de las víctimas esperan que la justicia siente un precedente en el control y la regulación de estos establecimientos para evitar hechos similares en el futuro.
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