La entidad médica más influyente de la provincia reunió de urgencia a su Consejo Superior y expresó un rechazo categórico ante la posibilidad de que cinco hospitales estratégicos pasen a manos privadas bajo un esquema de concesión impulsado por el gobierno de Javier Milei.
La eventual privatización de cinco hospitales de alta complejidad encendió señales de alarma en el sistema sanitario bonaerense y sumó en las últimas horas un actor de peso: el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires. La entidad convocó de manera excepcional a su Consejo Superior y manifestó un “rechazo absoluto” a cualquier intento de desarticulación del sistema público de salud.
La reunión se realizó el 8 de enero y estuvo dedicada exclusivamente a analizar el plan que el gobierno nacional evalúa aplicar sobre los hospitales del Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC). Según trascendió, la iniciativa contempla concesionar la gestión a privados mediante un sistema de cápitas, con el objetivo de reducir el costo fiscal que hoy asume mayoritariamente la Nación.
En un comunicado contundente, el Colegio sostuvo que los hospitales involucrados son “pilares fundamentales de la atención de alta complejidad en la provincia” y advirtió que la introducción de lógicas de lucro “fragmentaría los circuitos de derivación y afectaría de manera directa la continuidad y calidad de la atención de miles de pacientes”.
Los establecimientos alcanzados por la posible medida son el hospital “Néstor Kirchner” de Cañuelas; el “René Favaloro” y el “Presidente Néstor Kirchner” de La Matanza; el hospital “Bicentenario” de Esteban Echeverría; y “El Cruce Dr. Néstor Kirchner” de Florencio Varela. Todos funcionan bajo un esquema de gestión compartida entre Nación y Provincia, aunque con fuerte predominio del financiamiento nacional.
Desde el Colegio de Médicos remarcaron que el modelo SAMIC demostró que el Estado puede administrar servicios de salud con altos estándares de calidad, tecnología de punta y excelencia profesional, sin exclusiones. En ese sentido, alertaron que avanzar hacia un gerenciamiento privado podría derivar en restricciones al acceso universal y en una “mercantilización de la salud incompatible con los principios del sistema público”.
También hubo una advertencia explícita sobre el impacto laboral: la entidad anticipó que no aceptará modificaciones en las formas de contratación que vulneren la Ley de Carrera Profesional ni esquemas de precarización encubiertos bajo la figura de “gerenciamiento externo”.
El plan que analiza el Ministerio de Salud de la Nación, encabezado por Mario Lugones, apunta a disminuir el peso presupuestario que hoy recae sobre el Tesoro nacional, que cubre entre el 70% y el 80% del financiamiento de estos hospitales. Entre las alternativas en estudio se menciona la aplicación del llamado “modelo español”, con aportes de obras sociales y prepagas, e incluso la posibilidad de copagos, una experiencia que ya tuvo antecedentes poco exitosos en otras provincias.
Una de las incógnitas centrales es el camino legal para avanzar con la iniciativa. Al haber sido creados por ley, cualquier modificación de fondo requeriría tratamiento legislativo, aunque en ámbitos políticos no se descarta la utilización de un decreto para sortear un debate que se anticipa complejo y socialmente sensible.
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