La Cámara de Diputados de Mendoza sancionó una ley que responsabiliza a los padres en casos de acoso escolar (bullying), luego de su media sanción en el Senado.
La norma incorpora artículos al Código Contravencional para establecer un procedimiento progresivo ante situaciones de violencia escolar, que va desde la intervención escolar hasta sanciones para los tutores si no colaboran con las medidas.
Según la nueva ley, si un padre, madre o tutor es notificado por la escuela sobre la conducta violenta de su hijo y no toma medidas (diálogo, orientación, vigilancia o reparación), podrá recibir multas que van de 1.500 a 3.000 unidades fijas (UF) o realizar tareas comunitarias por hasta 30 días. Ese trabajo comunitario busca generar conciencia, no solo penalizar, y tiene carácter educativo.
En números concretos, las multas se estiman entre $750.000 y $1.500.000, teniendo en cuenta que el valor de la UF será de $500 a partir de enero de 2026 (actualmente está en $420). Si hay reincidencia, el juez puede duplicar la sanción e incluso imponer la asistencia obligatoria a talleres o terapia familiar.
Los fondos que se recauden por las multas se destinarán al Fondo Provincial para la prevención y asistencia de víctimas de acoso escolar, gestionado por la Dirección General de Escuelas y las bibliotecas populares.
La norma además formaliza un protocolo de actuación: las escuelas deben registrar los casos, convocar a los padres mediante equipos interdisciplinarios y documentar todo el proceso. Si los responsables no cumplen, el caso se eleva al Juzgado Contravencional, acompañado de un informe detallado.
Según autoridades educativas, el objetivo es cambiar de paradigma: que las familias se comprometan activamente con la prevención, no solo respondan tras el conflicto. La iniciativa busca construir una comunidad más segura y responsable, donde la escuela y el hogar asuman juntos la responsabilidad de proteger a los alumnos.
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