A escasos días de la celebración de la 14ª Marcha del Orgullo y Lucha en Necochea, la comisión organizadora ha manifestado públicamente su repudio a una serie de acciones que califica como dilatorias y de amedrentamiento por parte del Poder Ejecutivo municipal, liderado por el intendente Arturo Rojas y su partido Nueva Necochea. Las denuncias giran en torno a presuntas limitaciones en el uso del espacio público y tentativas de coartar el desarrollo de la jornada.
Este martes, la Comisión de Turismo y Deportes del Concejo Deliberante de Necochea, en sesión conjunta con las comisiones de Género y Cultura y presidida por la concejala Gabriela Espinosa (Nueva Necochea), abordó cuestiones relativas a la marcha. Tras el encuentro, se difundió una gacetilla de prensa y un audio de la concejala Espinosa, quien expresó: “Estuvimos compartiendo cuáles son los requerimientos de la ordenanza para el uso del espacio público y, bueno, ellas ya presentaron alguna documentación, queda que en los próximos días se termine de cerrar la documentación para poder hacer efectivo este permiso del uso del espacio público.”
La mención de un “permiso del uso del espacio público” genera interrogantes. Si el espacio es público, la necesidad de una autorización específica para su uso plantea una discusión sobre la propiedad y el acceso a los bienes comunes. La Comisión Organizadora (CO) aclara que la documentación solicitada busca, en esencia, garantizar la seguridad de los asistentes, particularmente en lo referente a desvíos y cortes de tránsito.
Espinosa continuó su relato afirmando que la Marcha del Orgullo es “un evento cultural porque tiene que ver con nuestra identidad y tiene que ver con un evento turístico, todo lo cultural se transforma en turístico porque viene mucha gente a participar de la marcha, ya es tradición todos los años, así que, como siempre, si están dadas las condiciones, el Consejo Deliberante va a acompañar a la realización”. Esta descripción, que enfatiza lo cultural y turístico, sin mencionar la dimensión política, ha sido objeto de crítica por parte de la organización. La expresión “nuestra identidad” no especifica si se refiere a la comunidad LGTBIQ+ o a una identidad más amplia de Necochea. Además, clasificar la marcha como una “tradición” soslaya el historial de reivindicaciones y luchas que le otorgan su carácter político.
La omisión de la palabra “política” en el discurso de la funcionaria es notable, especialmente considerando que la Marcha del Orgullo, en Necochea y a nivel global, es intrínsecamente un acto político. La visibilidad de identidades disidentes es una respuesta directa a la opresión, la persecución y los ataques de odio, los cuales, lamentablemente, la comunidad LGBT+ aún enfrenta. Incidentes como los ataques de odio registrados durante el cierre de la marcha del año pasado en Necochea ponen de manifiesto la persistencia de estas problemáticas.
Según la Comisión Organizadora en su comunicado, las solicitudes de “permisos” se realizaron hace más de un mes. Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo ha sido, según ellos, una sucesión de excusas, exigencias consideradas absurdas y un intento reiterado de confinar la actividad al anfiteatro. Este último espacio ya presentó riesgos en ediciones anteriores, como el lanzamiento de botellas de vidrio y robos, tal como denunció la organización: “insistieron hasta el cansancio este año con cerrar el evento en el anfiteatro, siendo que en la edición del año pasado allí nos lanzaron botellas de vidrio y nos robaron.” La insistencia en un lugar que demostró ser inseguro genera preocupación sobre la intención real detrás de esta propuesta.
La CO interpreta estas acciones como un intento de “esconder” la protesta y despojarla de su contenido político. Explican que si bien la aprobación depende del HCD, el Ejecutivo local se inmiscuye “para intentar ponernos condiciones, obstáculos y escondernos lo más posible.” Como ejemplo, citan la negativa a permitir el uso del predio junto a la rambla para el cierre de la marcha, a pesar de que este mismo espacio fue utilizado para un “megaevento automovilístico” con aval municipal. Esta situación ha llevado a la crítica: “Autos sí, putos no.”
La organización argumenta que las exigencias del municipio, tales como seguros o baños químicos, son propias de eventos con fines de lucro, no de una manifestación política y activista que históricamente ha sido autogestiva. “Marchamos con el objetivo de exigir nuestros derechos, informar a la sociedad y educar sobre los derechos conquistados, hacer partícipes a otrxs ciudadanxs, generar redes activistas con personas de otros municipios, no es un evento particular para recaudar dinero a los cuales es razonable pedirles que gasten en logística”, señalan.
A pesar de este escenario, la Comisión Organizadora ha sido contundente: la marcha no será suspendida. La concentración está convocada para el sábado 7 de febrero a las 17 hs en la Rambla, con el inicio de la movilización a las 19 horas. Tras el recorrido, se regresará al punto de encuentro para la lectura del documento y diversas intervenciones artísticas autoconvocadas.
En su comunicado, la CO ha rechazado cualquier condicionamiento y ha reafirmado que el derecho a protestar y ocupar el espacio público es una conquista, no una concesión estatal. “La Marcha del Orgullo es lucha antifascista, antirracista y antitransodiante”, declararon, instando a la comunidad a ocupar las calles bajo la consigna: “el odio avanza si el orgullo retrocede”. La movilización se realizará y el derecho a manifestarse, recalcan, no se negocia.
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