Nueva York, 14 de julio de 2025 – La jueza Loretta Preska de Nueva York determinará este lunes si concede a la República Argentina la suspensión de la sentencia que obliga al país a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos especulativos demandantes por la expropiación de la petrolera. El Gobierno argentino ha advertido sobre la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos y denunció una violación a la ley de inmunidades y a principios de cortesía internacional.
El Gobierno nacional interpuso la apelación del fallo el pasado jueves ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, según informó Sebastián Maril, analista que sigue de cerca el litigio en tribunales estadounidenses. En su presentación, la defensa argentina dejó abierta la posibilidad de escalar el caso a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en caso de que el fallo vuelva a ser desfavorable.
Entre los argumentos centrales esgrimidos por los abogados del país, se sostiene que la orden de la jueza Preska contraviene el derecho federal norteamericano, así como la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios fundamentales de cortesía internacional. Además, se hizo mención a la Declaración de Interés del Departamento de Justicia de EE.UU., considerada un respaldo institucional al país durante la administración de Donald Trump. Finalmente, la apelación alerta sobre un posible “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial” por parte del tribunal que emitió la condena.
Apelación Anticipada y Estrategia Legal
En respuesta a la presentación de los fondos, los abogados estadounidenses del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, contratado por la Procuración del Tesoro —actualmente a cargo de Santiago María Castro Videla—, replicaron con los principales argumentos de Argentina, rechazando el fallo de Preska y la exigencia de entrega de acciones.
Fuentes cercanas al caso indicaron que los estrategas del estudio decidieron apelar sin aguardar una definición de Loretta Preska sobre el pedido de “stay” (suspensión) realizado previamente. Esta apelación se esperaba para los próximos 15 días. La decisión de adelantar la presentación podría deberse a la expectativa de un nuevo revés judicial para el país y una posible orden de embargo dirigida a instituciones financieras de EE.UU. De esta manera, se busca ganar tiempo y que un tribunal de alzada sea quien defina los pasos a seguir.
Es importante destacar que YPF no forma parte directa del juicio, ni del proceso en el Segundo Distrito Judicial de Nueva York. La petrolera es, junto a Vaca Muerta, uno de los “botines” en disputa entre los fondos privados y el Estado nacional. YPF no cuenta con abogados trabajando en el caso, ni participa en las negociaciones o presentaciones oficiales.
De hecho, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, se ha mantenido al margen del litigio. “Yo soy ejecutivo, empleado de YPF, y Burford hizo un juicio a YPF y al Estado nacional. La jueza Preska falló a favor de YPF, falló en contra de la República. No puedo opinar”, señaló Marín, buscando resaltar que la jueza excluyó a YPF del centro del proceso, focalizando las presuntas irregularidades en el accionar del Estado nacional, particularmente del Poder Ejecutivo y Legislativo.
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