La crisis productiva golpea con fuerza al empleo formal: se multiplican los cierres de fábricas, aumenta la precarización y crece la incertidumbre sobre la recuperación económica.
El derrumbe industrial en la Argentina se consolidó con un escenario marcado por el cierre de casi 30 empresas por día, despidos masivos en sectores clave y un retroceso acelerado del empleo registrado.
Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, 19.164 unidades productivas dejaron de operar y se destruyeron 276.000 puestos formales, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo analizados por el CEPA.
La dinámica refleja un deterioro sostenido del ecosistema productivo, impulsado por la caída del consumo, la apertura importadora y el derrumbe de la demanda interna. A esto se suma el relevamiento del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, que registró una caída de 33.000 empleos asalariados formales en agosto de 2025 respecto del mismo mes del año anterior, con Buenos Aires y CABA como las jurisdicciones más afectadas.
El impacto golpea especialmente a las pymes ligadas al mercado interno —comercio, logística, construcción y servicios profesionales—, donde el cierre de firmas avanza en paralelo a la expansión del empleo informal. En dos años, según CIFRA-CTA, se sumaron 338.800 trabajadores no asalariados, en un contexto donde miles de despedidos de Essen, Whirlpool, Mabe o Magnera debieron reconvertirse en repartidores, choferes de aplicaciones u ocupaciones precarias.
La ola de importaciones aceleró la crisis industrial. Whirlpool cerró su planta de Pilar y despidió a 220 operarios; Electrolux mantiene 400 suspensiones rotativas en Rosario; Mabe clausuró su fábrica en Río Segundo; y la estadounidense Magnera bajó la persiana en el Parque Industrial de Pilar. El sector textil perdió 333 empresas y 14.000 empleos desde 2023, con cierres y recortes en TN Platex, Hazan Salvia, Luxo, Vulcalar y suspensiones masivas en Textilana, en Mar del Plata.
La metalurgia también acusa el impacto: la fabricación de autopartes y maquinaria acumula 60.000 empleos menos. En San Luis, Dana echó a 50 trabajadores; SKF desvinculó a 145 tras paralizar su producción en el país; y la fábrica de ollas Essen sumó 90 cesanteados en lo que va del año.
El comercio atraviesa un retroceso similar: Yaguar cerró una sucursal en Bahía Blanca, Cencosud bajó locales en varias provincias y Frávega clausuró su tienda de Temperley. La quiebra de La Suipachense y el colapso de ARSA dejaron 540 familias sin ingresos, mientras que DBT-Cramaco en Santa Fe despidió a 37 empleados para reconvertirse en distribuidora de productos importados.
En Tierra del Fuego, la industria electrónica continúa en vilo: Newsan no renovó 150 contratos y la baja a cero de aranceles para celulares importados desde enero amenaza con un nuevo recorte masivo.
En el sector privado, expertos advierten que la recuperación será lenta. El especialista Matías Ghidini señala que el mercado laboral “está trabado, en retroceso” y que las desvinculaciones selectivas seguirán golpeando a los rubros más castigados. Otros consultores apuntan que, incluso con una eventual modernización laboral, el avance de la precarización limitará la creación de empleo de calidad.
Para APYME, la política económica del Gobierno consolida un camino de “desindustrialización y recesión” sin alternativas claras a corto plazo. El panorama, marcado por la pérdida de empresas y empleos, configura una crisis que no muestra señales de alivio.
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