La obra social de UATRE otra vez en el tapete
Por el escándalo de corrupción, la obra social de los rurales ordenó auditar un contrato millonario con un socio de Menem.
BUENOS AIRES. El escándalo explotó y la presión pudo más. La Obra Social de los Peones Rurales (Osprera) ordenó auditar un multimillonario contrato con la empresa Htech Innovation, vinculada a un socio del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La decisión, tomada por el interventor Marcelo Petroni, llega tras una serie de denuncias periodísticas y una investigación judicial que sacaron a la luz supuestas irregularidades.
Htech Innovation, una empresa que, según documentos, facturó más de $150 millones en solo nueve meses, está en el ojo de la tormenta. Creada apenas arrancó el gobierno, la compañía rápidamente se convirtió en proveedora de Osprera, que se encuentra intervenida por el oficialismo. La auditoría, que será interna y externa, parece ser un movimiento para apagar el incendio, pero muchos señalan que llega tarde.
El “negocio” de una empresa nacida para facturar
La nota periodística detalla que la firma fue constituida en abril de 2024 y que, pocos días antes de empezar a facturarle a Osprera, amplió su objeto social al rubro “consultoría”. Sus primeras facturas, por “servicios profesionales” y “asesoría estratégica”, superaron los $117 millones en un solo mes, en noviembre de 2024. El vínculo continuó con pagos de hasta $20 millones mensuales, hasta que el actual interventor decidió suspender el acuerdo.
El vínculo político es innegable: el dueño de Htech Innovation, Sergio Andrés Aguirre, es socio de Martín Menem en otra empresa. Desde su llegada a la obra social, Aguirre acumuló poder y, según testigos, manejaba el negocio desde oficinas externas. Su nombre también aparece en una reunión en la Casa Rosada con Eduardo “Lule” Menem, primo de Martín y hombre fuerte del entorno presidencial.
Una auditoría que llega con la justicia en curso
El interventor Petroni, designado a su vez por recomendación de “Lule” Menem, mantuvo el contrato con la cuestionada empresa durante varios meses, incluso con una denuncia ampliada en la justicia. Ahora, ante el revuelo mediático y la causa en el juzgado federal de Ariel Lijo, busca desmarcarse con una medida que parece más reactiva que preventiva.
Mientras tanto, la situación de los 500.000 afiliados de Osprera es crítica. El texto indica que los servicios de salud se siguen deteriorando y los peones rurales de todo el país continúan padeciendo la falta de atención. La intervención, que se ordenó en agosto de 2024 para solucionar el desorden financiero, parece, según el informe, haber sido “peor que la enfermedad”.
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