Un grave colapso en instalaciones concesionadas del puerto quedó envuelto en hermetismo, comunicados oficiales que minimizan lo ocurrido y una llamativa ausencia de respuestas sindicales y estatales. Crece la bronca entre los trabajadores por la continuidad de tareas sin peritajes de seguridad.
El derrumbe registrado en Terminal Quequén, que pudo haber costado la vida de trabajadores, quedó rápidamente rodeado por un fuerte apagón mediático y un silencio que genera cada vez más interrogantes. A pocas horas del hecho, el área de prensa del Puerto Quequén difundió un comunicado que buscó despejar responsabilidades del concesionario y relativizar la gravedad del colapso, atribuyéndolo a circunstancias menores, pese a las evidencias de un prolongado deterioro estructural.
La estrategia comunicacional incluyó un disciplinamiento explícito a través de la pauta oficial del Multimedios Puerto Quequén y la desaparición casi total del tema en los medios locales, que pasaron a reproducir gacetillas vinculadas a eventos artísticos y actividades institucionales. De ese modo, se ocultó deliberadamente la compleja situación que atraviesan las instalaciones, afectadas por la falta de mantenimiento adecuado en áreas concesionadas.
Según trascendió, las áreas técnicas de la terminal habrían advertido en reiteradas oportunidades sobre el estado crítico de las estructuras. Sin embargo, esas alertas no habrían sido atendidas por el director de Terminal Quequén, el contador Daniel Arce, quien decidió no avanzar con las inversiones necesarias para evitar el colapso.
En paralelo, el ex concejal y ahora gerente del Consorcio de Gestión, Pablo Aued —de estrecha relación con Arce— habría intervenido informalmente para contener el impacto del hecho y evitar que la firma concesionaria se viera perjudicada por lo ocurrido. El hermetismo posterior alimentó sospechas de encubrimiento y profundizó el malestar interno.
Otro aspecto que genera fuerte preocupación es el silencio del sindicato que nuclea a los trabajadores de la empresa. La falta de pronunciamiento público es leída por sectores internos como una señal de complicidades y de disciplinamiento por parte de las cerealeras accionistas de la firma.
Mientras tanto, por canales informales, los propios trabajadores comenzaron a manifestar su enojo ante la decisión de no suspender las tareas tras el derrumbe, ni siquiera para realizar una pericia provisoria que garantice la seguridad de las instalaciones. La continuidad operativa, denuncian, expone innecesariamente la vida del personal.
Tampoco se registran, hasta el momento, actuaciones visibles del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, a pesar de la gravedad del episodio y de los riesgos laborales involucrados. La ausencia de controles y sanciones refuerza la sensación de desprotección.
En redes sociales, empiezan a circular imágenes y testimonios que muestran el deterioro general de la terminal: fallas recurrentes en sistemas mecánicos, incidentes eléctricos de consideración y roturas constantes. Ese cuadro, sostienen fuentes del sector, ayuda a entender el trasfondo del negocio de las prórrogas contractuales y las maniobras para obstaculizar desde hace años la licitación de la concesión de Terminal Quequén.
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