Buenos Aires, 14 de julio de 2025 – El Gobierno de Javier Milei ha finalizado el proceso de contratación de proveedores para las próximas elecciones nacionales de octubre, revelando un convenio con el Correo Argentino por un monto de $223.000 millones. Esta cifra representa casi el triple de lo que costaron las elecciones generales de 2023, generando interrogantes sobre la prometida reducción del gasto público y la efectividad de medidas como la Boleta Única en Papel (BUP).
Tras la privatización de funciones electorales clave, anteriormente a cargo del extinto Ministerio del Interior, y su transferencia a la empresa que preside Camilo Baldini, la administración libertaria ha formalizado la contratación de la compañía postal pública para la organización de la logística electoral.
El convenio asciende a $223.000 millones, un costo inéditamente alto en la historia de los comicios argentinos. Este monto es particularmente llamativo considerando que se trata de elecciones legislativas, con muchas menos categorías que unas ejecutivas, y en un contexto donde distritos electorales significativos, como la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, han optado por desdoblar sus elecciones locales.
El Modelo Macrista y la Licitación Opaca
A mediados del año pasado, el gobierno nacional, a través del secretario de Interior, Lisandro Catalán, se inclinó por un modelo de gestión empresarial de los procedimientos electorales. Esta decisión diluyó el poder de la DINE y trasladó las principales funciones a la órbita del Correo, una estrategia que ya había sido implementada por Mauricio Macri en 2019. En aquella ocasión, el expresidente ordenó que la compañía estatal de logística se encargara de licitar y administrar el recuento de resultados provisorios, la digitalización y la transmisión de los telegramas electorales desde los centros de votación.
Históricamente, con la gestión del PRO como excepción, el Correo Argentino ha sido el proveedor logístico de las elecciones, aprovechando su vasta red de sucursales en todo el país para la distribución de urnas y kits electorales, en colaboración con las fuerzas armadas y de seguridad.
Un punto de coincidencia entre la administración libertaria y el macrismo es la figura de Alejandro Tullio. El extitular de la Dirección Nacional Electoral durante el Frepaso y el kirchnerismo fue contratado por el Correo como asesor, rol que ya había desempeñado durante el macrismo. Tullio ha participado activamente en las reuniones de coordinación y en las decisiones más relevantes en materia electoral, incluso tras su designación como Secretario Electoral de la provincia de Chubut en diciembre pasado.
La licitación para los servicios electorales se llevó a cabo de manera opaca. Hace tres meses, el Correo organizó una licitación privada, con condiciones excluyentes y fuera de la órbita pública, a la que solo dos empresas podían acceder. La estricta reserva y la falta de publicidad oficial contrastaron con la política del exministro del Interior, Wado de Pedro, quien en 2021 y 2023 hizo públicos los términos de contratación e incorporó sugerencias de partidos, ONGs y empresas del sector.
El proceso administrativo culminó sin una publicación oficial detallada del resultado. La noticia de que la empresa española INDRA se impuso en la licitación se conoció únicamente a través de una comunicación informal del Correo Argentino a los medios, donde se informó que el proceso había concluido con un servicio contratado con un 38% menos de recursos que en 2023, y que INDRA había ofrecido $21.169 millones.
La “Motosierra” sin Filo en el Gasto Electoral
Al dolarizar el monto que percibirá el Correo, utilizando el tipo de cambio oficial, el convenio alcanza los 180 millones de dólares, tres veces más que lo que la Dirección Nacional Electoral desembolsó en 2023 por cada una de las tres instancias electorales (PASO, generales y balotaje). Según cálculos oficiales de aquel año, el costo conjunto de las tres etapas fue de $60.000 millones, lo que, al tipo de cambio oficial previo a las primarias del 13 de agosto de 2023, equivalía a aproximadamente 200 millones de dólares para las tres instancias. En contraste, una única elección nacional este año costará prácticamente la misma suma.
Este aumento exponencial de los costos se contradice directamente con otra política impulsada por el oficialismo: la implementación de la Boleta Única en Papel (BUP). Durante la campaña para aprobar este nuevo instrumento, que se utilizará por primera vez este año, el oficialismo argumentaba que esta reforma no solo aportaría mayor transparencia, sino que también resultaría en una drástica reducción de los costos electorales.