La Subsecretaría de Defensa del Consumidor aplicó un apercibimiento a la cooperativa local por incluir cargos municipales en la factura eléctrica. El caso se tramita en la Justicia Federal y podría escalar si hay reincidencia.
El gobierno nacional sancionó a la Usina Popular Cooperativa Sebastián de María por incluir tasas municipales en la factura del servicio eléctrico, en presunta violación de la Resolución 267/24 dictada por la Secretaría de Industria y Comercio, que prohibió ese tipo de cobros a través de servicios públicos.
La medida fue dispuesta por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dependiente del Ministerio de Economía, y quedó asentada en un expediente que actualmente se tramita en la Justicia Federal de Necochea.
La sanción aplicada es un apercibimiento, una figura administrativa que deja constancia formal de la infracción. Si la cooperativa reincide, el antecedente podría agravar futuras sanciones, que ya incluirían multas económicas.
Desde el área nacional se cuestionó el cobro de tres conceptos incluidos en la boleta: el Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias —previsto en la Ley 11.769—, la Tasa de Patrulla Rural y la Tasa del Fondo Educativo Universitario.
La disposición, fechada el 17 de noviembre de 2025, sostiene que esos cargos “resultan ajenos a la prestación del servicio”, lo que configuraría una práctica abusiva y una violación a los deberes de información y trato equitativo establecidos en la normativa de defensa del consumidor.
La Tasa de Patrulla Rural fue incorporada por ordenanza en 2009 para financiar gastos vinculados a operativos policiales en zonas rurales, mientras que la Tasa del Fondo Educativo Universitario, creada en 1995, se destina al sostenimiento de cursos de extensión dictados por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad.
Tras la resolución nacional de 2024, el Gobierno habilitó un canal de denuncias por el cobro de tasas en facturas de servicios, que recibió más de 2.700 reclamos y derivó en la apertura de 244 expedientes en todo el país. En noviembre de ese año, 95 empresas fueron imputadas por incumplimientos, entre ellas la cooperativa necochense.
La disposición otorgó un plazo de 30 días para remover los cargos observados. Desde la Usina señalaron que ya dejaron de cobrar dos de los tres conceptos cuestionados, aunque el proceso judicial continúa abierto.
El caso se inscribe en la disputa entre Nación y municipios por el financiamiento de tasas locales y su inclusión en facturas de servicios públicos, un debate que sigue escalando en distintos distritos del país.
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