Aprovechando la debilidad política de Javier Milei, el ex presidente Mauricio Macri impulsa una estrategia para concretar el multimillonario negocio de la Hidrovía, un activo estratégico por donde sale más del 80% de las exportaciones argentinas.
Según trascendió, Macri quiere que la licitación del canal navegable del río Paraná se relance inmediatamente después de las elecciones legislativas de este domingo. El núcleo de su plan consiste en dividir el servicio de dragado y señalización, actualmente vencido tras décadas en manos de Jan de Nul y Gabriel Romero, en tres contratos diferentes.
Esta maniobra tendría como objetivo principal facilitar el ingreso de la empresa holandesa Boskalis, que el ex presidente apoya junto a la reina Máxima de los Países Bajos, dueña de la firma ya que la misma pertenece a la corona neerlandesa. Dicha compañía no contaría con las dragas necesarias en la región para hacerse cargo de la totalidad del servicio, por lo que la segmentación es clave para su ingreso.
Bajo este esquema, un tramo quedaría para Boskalis, otro para la actual operadora Jan de Nul y un tercero para la belga Deme. Curiosamente, Deme fue la empresa que impulsó las denuncias por corrupción que trabaron la licitación anterior, un escándalo que en ese momento el asesor Santiago Caputo atribuyó al propio macrismo.
Para asegurar el control del proceso, uno de los pedidos centrales de Macri a Milei para sellar su apoyo al Gobierno es el nombramiento de Guillermo Dietrich en Transporte y de Miguel Etchevehere en Agricultura, controlando así todos los estamentos del Estado con intervención en la licitación.
El plan de dividir la “autopista” fluvial enfrenta una fuerte resistencia de las cerealeras y productores. Ya advirtieron al gobierno que este modelo “entraña riesgo de operación y diluye las responsabilidades”.
“La Hidrovía es como una autopista, debe existir un solo dragador que ponga 12 dragas y que compita en precio y calidad”, explicó un empresario del sector . Advierten que dividirla en tres tramos solo busca “evitar la competencia y cartelizar precios y servicios”, lo que dispararía los costos logísticos y afectaría la competitividad de la producción argentina.
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