Martín Varsavsky, inversor tecnológico y habitual interlocutor del presidente, aclaró que no se trata de una “imposición” sino de una opción dentro de la reforma laboral que analiza el Gobierno. El planteo generó fuerte rechazo sindical, repudio en redes y encendió la discusión en plena campaña.
El empresario Martín Varsavsky, quien en el último tiempo compartió encuentros privados y cenas con el presidente Javier Milei, salió a explicar la fuerte controversia que se generó en torno a un borrador de reforma laboral que menciona la posibilidad de jornadas de trabajo de hasta 13 horas.
“No es preciso afirmar que Milei quiere imponer una jornada obligatoria de 13 horas”, sostuvo Varsavsky en redes sociales, intentando desactivar las críticas que se viralizaron en las últimas horas. Según el empresario, la idea está inspirada en el “modelo griego de productividad” y sería “opcional y negociable entre empleadores y empleados”, con un tope de 60 horas semanales y aplicable hasta 37 días al año.
Parte de una reforma laboral más grande
La propuesta forma parte de un paquete de flexibilización laboral más amplio que el Gobierno presentará tras las elecciones del 26 de octubre, y que Milei adelantó durante su acto en San Nicolás el pasado 11 de octubre. Los puntos centrales incluyen:
- Eliminación de indemnizaciones por despido, reemplazadas por un fondo de cese laboral (similar al esquema de UOCRA).
- Banco de horas: permitiría compensar horas extra con francos en lugar de pagarlas.
- Contratos en cualquier moneda, incluido el dólar.
- Vacaciones flexibilizadas, con posibilidad de fraccionar días según decisión del empleador.
- Cambios en licencias y regulaciones sindicales, que aún no fueron detallados oficialmente.
Desde el Ejecutivo argumentan que el objetivo es reducir la informalidad laboral, hoy superior al 50%, y “terminar con la industria del juicio laboral”.
Fuerte reacción sindical
La sola mención de la jornada de 13 horas encendió alarmas en la CGT y las CTA, que anticiparon su rechazo a cualquier retroceso sobre derechos laborales históricos.
“Esto no es modernización laboral, es esclavitud del siglo XXI”, cuestionaron dirigentes gremiales en redes.
El tema también generó una ola de críticas en redes sociales, donde miles de usuarios acusaron al Gobierno de “querer explotar trabajadores” y “copiar modelos precarios europeos”.
Pese a la polémica, Varsavsky ratificó que la iniciativa está alineada con la agenda del Gobierno y que el rumbo de la reforma está “claramente decidido”. La definición, sin embargo, estará en el Congreso, donde el oficialismo deberá negociar apoyo legislativo.
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