En el diccionario de la calle argentina, pocas palabras han sufrido una degradación tan acelerada y corrosiva como el término “garantismo”. Lo que en los manuales de derecho constitucional se define como el escudo indispensable del ciudadano frente al poder punitivo del Estado, en la sobremesa del domingo y en la parada del colectivo se ha convertido en sinónimo de impunidad, desidia judicial y complicidad con el delito.
Esta disonancia cognitiva entre la academia y la realidad no es casualidad; es el producto de años de una construcción ideológica que confundió el debido proceso con la inacción estatal.
El origen noble y la deformación local
Para ser justos con la historia, el garantismo —teorizado brillantemente por juristas como Luigi Ferrajoli— es una conquista civilizatoria. Nació para evitar que el Estado te encierre sin pruebas, te torture para confesar o te condene sin defensa. En un país con las cicatrices de la dictadura militar como Argentina, el garantismo debería ser sagrado.
Sin embargo, el concepto fue secuestrado. Durante las últimas dos décadas, una corriente doctrinaria hegemónica en las facultades de derecho y en la magistratura argentina (a menudo asociada a la figura de Eugenio Raúl Zaffaroni) estiró el concepto hasta romperlo. Se pasó de proteger al inocente a justificar sociológicamente al culpable.
Bajo esta óptica deformada, el delincuente dejó de ser un individuo responsable de sus actos para convertirse en una “víctima del sistema neoliberal”. Y si el victimario es en realidad una víctima, entonces la verdadera víctima (el asaltado, el golpeado, el familiar del asesinado) pasa a ser un actor secundario, casi molesto, en el teatro judicial.
La “Puerta Giratoria” como política de Estado
La crítica central que la sociedad le hace a este “falso garantismo” no es teórica, es empírica. Se mide en la reincidencia.
La indignación popular no surge de un deseo bárbaro de venganza, sino de la constatación de una asimetría absurda. El ciudadano común percibe que el sistema judicial invierte recursos infinitos en buscar tecnicismos para liberar al detenido, mientras que la protección del ciudadano honesto brilla por su ausencia.
El “garantismo a la argentina” ha derivado en lo que muchos denominan abolicionismo encubierto:
- Jueces que liberan violadores porque consideran que la prisión es “estigmatizante”.
- Fiscales que archivan causas por robos “menores” que, acumulados, destruyen la paz social.
- La aplicación automática de beneficios excarcelatorios sin un análisis real del peligro de fuga o entorpecimiento.
Aquí radica la trampa: se confunde garantía con ineficiencia. Un sistema que tarda diez años en dictar una sentencia firme no es garantista; es un sistema roto. Y ante esa rotura, la solución fácil de cierta magistratura ha sido soltar antes que juzgar rápido y bien.
El hartazgo social y el peligro del péndulo
La opinión generalizada es hoy un veredicto lapidario: para el argentino medio, “garantismo” significa que el Estado te ha soltado la mano. Significa que los derechos humanos parecen tener un sesgo exclusivo hacia quienes violan la ley, olvidando los derechos humanos de quienes la respetan.
Este hastío conlleva un riesgo enorme. Cuando la sociedad siente que la ley es una burla, el péndulo tiende a oscilar hacia el otro extremo: el punitivismo demagógico, la mano dura sin ley y el “que se vayan todos”.
El desafío actual de Argentina no es eliminar las garantías constitucionales —eso sería un suicidio cívico—, sino rescatar el término de sus secuestradores. Necesitamos un garantismo que garantice el juicio justo, sí, pero que también garantice el cumplimiento efectivo de la pena. Un sistema donde la libertad sea la regla durante el proceso, pero donde la cárcel sea la consecuencia ineludible tras la condena, y donde la víctima deje de ser el “convidado de piedra” del proceso penal.
Mientras los jueces sigan escribiendo sentencias para el aplauso de la academia y de espaldas al dolor de la calle, la palabra “garantismo” seguirá siendo, tristemente, una mala palabra.
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