Escándalo en Mar del Sur: imputan a consejeros escolares por dar agua contaminada a alumnos y encubrirlo con informes falsos

La investigación, impulsada por los propios padres, reveló una trama de certificados adulterados y negligencia que provocó cuadros de vómitos y diarrea en niños de tres establecimientos. La justicia federal acusa a tres funcionarios y un contratista por defraudación, falsificación y poner en riesgo la salud pública.

Un escándalo de salud pública y corrupción sacude a la comunidad educativa de Mar del Sur. La Justicia federal imputó a la cúpula del Consejo Escolar de General Alvarado y a un contratista por suministrar agua contaminada a cientos de alumnos y encubrir la situación mediante la falsificación de informes de potabilidad. La maniobra fue descubierta por los padres de los niños afectados, que padecían vómitos, diarrea y erupciones cutáneas de manera recurrente.

Los imputados son la presidenta del Consejo Escolar, Carolina Palacios; la vicepresidenta, Adriana Parodi; el tesorero, Fernán Gorostiza; y el proveedor Ezequiel Bravo. Se les acusa de defraudación a la administración pública, uso de documento público falso, suministro de agua nociva e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El caso estalló en el Polo Educativo que agrupa a la Primaria N°2, la Secundaria N°8 y el Jardín de Infantes N°910. Durante meses, los padres notaron que sus hijos se enfermaban sistemáticamente, pero se recuperaban durante los fines de semana o las vacaciones. La sospecha apuntó directamente a la escuela.

Hartos de la falta de respuestas, los padres financiaron un análisis privado del agua, cuyo resultado fue alarmante: contenía bacterias como Escherichia Coli y pseudomonas, evidencia de contaminación fecal. “Durante mucho tiempo a nuestros hijos les dieron agua con mierda para tomar, para comer y para lavarse”, denunció una de las familias.

Ante el reclamo, el Consejo Escolar presentó un certificado que supuestamente garantizaba la potabilidad del agua. Sin embargo, la desconfianza de un padre, Norberto Lamelas, fue clave para desenmascarar el engaño. Lamelas viajó hasta la Universidad Nacional de Mar del Plata, supuesta emisora del informe, donde una de las profesionales firmantes le confirmó que el documento era falso: en la fecha de emisión, ella se encontraba de licencia por maternidad.

La denuncia penal, radicada en la justicia federal, destapó una metodología delictiva sistemática. Según el fiscal Carlos Martínez, se hallaron “más de 100 análisis que se presumen falsificados” en escuelas de todo el distrito desde 2021. Mensajes de WhatsApp incorporados a la causa revelan la complicidad de los funcionarios, quienes apuraban al contratista para obtener los informes fraguados. “Dale por favor, tenemos un quilombo”, le escribía la vicepresidenta del Consejo al proveedor.

El juez Santiago Inchausti aceptó la imputación y dictó medidas cautelares para los acusados, incluyendo la prohibición de salir del país, una orden de restricción para acercarse a las escuelas y el embargo de sus bienes.

Mientras la causa avanza, la tensión en Mar del Sur continúa. Esta semana, los padres volvieron a impedir que sus hijos asistan a clases, ya que las autoridades suspendieron el programa de “Agua Segura” que proveía bidones, asegurando que el problema está resuelto. Sin embargo, la confianza está rota y las familias exigen pruebas “fehacientes y determinantes” de que el agua ya no representa un riesgo.