La Justicia detuvo a dos empleados acusados de integrar una organización con jerarquías, rituales y lenguaje codificado que habría operado durante casi una década dentro y fuera del ámbito legislativo provincial.
Un grave escándalo sexual sacude a la Legislatura bonaerense tras la detención de dos empleados acusados de liderar una presunta organización de características sectarias denominada “Orden de la Luz”, señalada por captar, someter y abusar sexualmente de jóvenes durante varios años, utilizando vínculos políticos, laborales y promesas de crecimiento en la militancia.
La causa está a cargo de la fiscal platense Betina Lacki y las detenciones de Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N° 4, que consideró acreditada la reiteración de los hechos, la pluralidad de víctimas y el riesgo procesal. Según la investigación, la estructura habría funcionado al menos desde 2015 y se habría extendido hasta 2022 o 2023.
Las primeras denuncias se remontan a cuando Rodríguez contactó a jóvenes de 18 años en ámbitos académicos y políticos, bajo la promesa de pasantías o inserción laboral en la Legislatura bonaerense. Esos encuentros, que inicialmente se presentaban como oportunidades de formación o militancia, derivaron en abusos sexuales, amenazas y episodios de violencia. Con el correr del tiempo, la fiscalía detectó que no se trataba de hechos aislados, sino de un esquema sistemático de dominación.
De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, entre 2016 y 2017 comenzó a consolidarse la llamada “Orden de la Luz”, una organización cerrada, jerárquica y coercitiva. Rodríguez era presentado como una figura con atributos divinos bajo el nombre de “KIEI”, mientras que Silva Muñoz cumplía un rol central en la captación y el sometimiento psicológico, actuando como guía espiritual o “sensei”.
Las víctimas relataron haber sido sometidas a rituales, entrenamientos, controles permanentes y amenazas, además de recibir mensajes intimidatorios mediante correos electrónicos y otras vías digitales. La investigación judicial detectó el uso de lenguaje codificado y comunicaciones internas que refuerzan la hipótesis de una estructura organizada, diseñada para anular la voluntad y generar dependencia emocional prolongada.
Uno de los ejes más sensibles de la causa es el uso de espacios políticos y estatales como herramienta de captación. Según la fiscalía, algunas jóvenes accedieron a puestos dentro del Senado bonaerense u otras reparticiones públicas, pero bajo condiciones de sometimiento, incluyendo la exigencia de entregar parte de sus salarios para “sostener la militancia”. Incluso, parte de los abusos habrían ocurrido dentro del propio edificio legislativo.
Rodríguez y Silva Muñoz fueron detenidos el 29 de diciembre por la noche y se negaron a declarar ante la Justicia. En paralelo, se ordenaron allanamientos y el secuestro de dispositivos electrónicos, armas blancas y material digital considerado clave para profundizar la investigación. Hasta el momento, el expediente reúne al menos cinco víctimas, aunque no todas continuaron el proceso judicial por temor y las identidades se mantienen bajo estricta reserva.
Para la fiscalía, los elementos reunidos permiten sostener que existió una trama sostenida en el tiempo, con roles diferenciados y una lógica de sometimiento propia de una organización sectaria, lo que agrava significativamente la responsabilidad penal de los imputados.







