La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), junto a un conjunto de organizaciones sindicales que representan a la fuerza laboral estatal, ha comunicado la convocatoria a un paro general a nivel nacional para el próximo 11 de febrero. Esta acción incluirá movilizaciones significativas en diferentes puntos del país, con el objetivo de ejercer presión directa sobre los mandatarios provinciales que respalden el proyecto de reforma laboral que promueve el gobierno nacional.
La decisión de convocar a esta jornada de protesta responde a una profunda preocupación por las implicaciones del proyecto de reforma laboral, el cual, según los sindicatos, podría afectar de manera sustancial los derechos y las condiciones de trabajo de los empleados públicos. La articulación de esta medida de fuerza conjunta subraya la transversalidad del rechazo a la iniciativa gubernamental y la determinación de las organizaciones gremiales para defender los intereses de sus representados.
Los promotores del paro general enfatizan que la movilización no solo busca expresar el descontento, sino también generar un impacto político que impulse la reconsideración o el archivo de la propuesta de reforma. Se espera que la participación en las marchas refleje la amplitud del descontento y envíe una señal clara sobre la postura de un sector relevante de la sociedad frente a estas políticas.
Esta jornada de protesta se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y los sectores sindicales, que ven en la reforma laboral un retroceso en conquistas históricas. La efectividad de esta medida de fuerza dependerá en gran parte de la adhesión de los trabajadores y del poder de convocatoria de las organizaciones involucradas, marcando un hito en la resistencia a las políticas gubernamentales en materia laboral.
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