La habitual marcha de jubilados de los miércoles en Plaza de Mayo terminó en tensión y enfrentamientos con efectivos policiales. Los manifestantes reclamaban un aumento de haberes y rechazaban el veto presidencial al proyecto de modificación jubilatoria. Denunciaron que la Policía aplicó el protocolo antipiquete con uso de gas pimienta, empujones y detenciones.
El operativo de seguridad se desplegó en las inmediaciones del Congreso, donde los cordones intentaron liberar el tránsito sobre las avenidas aledañas. En ese contexto, se produjeron forcejeos y momentos de desborde. Testigos afirmaron que los gases arrojados provocaron asfixia, irritación ocular y escenas de pánico entre quienes se movilizaban pacíficamente.
Organizaciones de jubilados reportaron heridos atendidos en el lugar por equipos de salud y varios demorados. Desde la CTA Autónoma y la CTA de los Argentinos responsabilizaron al Gobierno por el accionar policial y sostuvieron que “se reprimió a quienes defienden sus derechos previsionales”.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Seguridad justificaron la intervención en la necesidad de “restablecer el tránsito y evitar bloqueos prolongados”. El Ejecutivo recordó, además, los beneficios recientemente anunciados para el sector: descuentos del 10 % en comercios y rebajas en productos de perfumería y limpieza.
La protesta se inscribió en un clima político marcado por la campaña rumbo a las legislativas del 26 de octubre. Los organizadores señalaron que la movilización no solo buscaba mejoras inmediatas para jubilados, sino también expresar un rechazo generalizado a las políticas de ajuste que —afirman— golpean al sistema previsional.
Imágenes y videos que circularon en redes mostraron jubilados afectados por los gases, cargas policiales y calles cubiertas por las secuelas del operativo. Organizaciones de derechos humanos exigieron una investigación independiente para evaluar la proporcionalidad de la fuerza empleada.
La jornada dejó expuesta una grieta cada vez más visible: de un lado, jubilados que exigen ser escuchados; del otro, un Estado que responde con represión. En el centro, un sector vulnerable convertido en símbolo de la tensión social que atraviesa la Argentina
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