La Cámara de los Lores aprobó una enmienda histórica que limita el acceso de chicos y adolescentes a plataformas digitales. El debate global se reaviva y podría tener impacto en la agenda local.
La Cámara de los Lores del Reino Unido aprobó en las últimas horas una enmienda que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años, una decisión que reconfigura el debate internacional sobre el uso de plataformas digitales por parte de niños y adolescentes. La iniciativa todavía debe atravesar otras instancias legislativas para convertirse en ley, pero ya marca un punto de inflexión.
El proyecto obliga a las empresas tecnológicas a implementar mecanismos efectivos de verificación de edad y contempla sanciones en caso de incumplimiento. El trasfondo de la medida está vinculado a la creciente preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud mental y el desarrollo de los menores, un tema que viene ganando centralidad en distintos países.
El dato político no es menor. La Cámara Alta británica no suele protagonizar decisiones disruptivas ni avances apresurados. Sin embargo, el respaldo a esta iniciativa refleja un cambio profundo en la mirada de las democracias centrales sobre el poder y la influencia de las plataformas digitales. Aquello que durante años se presentó como un espacio de libertad y socialización hoy aparece asociado a fenómenos como la ansiedad, la adicción, la exposición temprana a contenidos violentos y la ludopatía online.
En ese contexto, Londres se suma a una corriente internacional que empieza a discutir límites concretos al accionar de las grandes tecnológicas. La pregunta surge casi de inmediato: ¿podría algo similar ocurrir en la Argentina?
En términos políticos y culturales, una decisión tomada en el corazón de Occidente funciona como legitimación de un debate que hasta ahora parecía marginal en el país. Durante años, cualquier intento de regulación fue descalificado como exagerado o censor y asociado a regímenes autoritarios. Sin embargo, cuando democracias consolidadas avanzan en ese sentido, ese argumento pierde fuerza.
En el plano local, si el tema llega a la agenda legislativa, el debate promete ser áspero. Sectores liberales y libertarios denunciarían una supuesta intromisión del Estado en la vida privada, mientras otros pondrían el foco en la necesidad de proteger a los chicos. En el medio, quedaría expuesta una contradicción recurrente: la defensa irrestricta del mercado, aun cuando ese mercado evidencia serias fallas de autorregulación.
Docentes, psicólogos y profesionales de la salud argentinos vienen advirtiendo desde hace años sobre el impacto del uso intensivo de redes sociales en las aulas y en los consultorios. Problemas de atención, ansiedad, aislamiento y violencia simbólica forman parte de un diagnóstico extendido, aunque pocas veces traducido en políticas públicas concretas. Una señal como la de Gran Bretaña podría funcionar como respaldo para empezar a discutir soluciones.
Implementar una prohibición de este tipo en la Argentina no sería sencillo. Las dificultades técnicas, el bajo nivel de cumplimiento normativo y la cultura del atajo digital complicarían cualquier esquema de control efectivo. Sin embargo, el debate de fondo no pasa únicamente por prohibir o permitir, sino por animarse a cuestionar la idea de que las plataformas son intocables y que sus consecuencias negativas son inevitables.
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