Un informe del Banco Provincia expone que la decisión de sostener una metodología atrasada para medir la inflación le permite a la gestión de Javier Milei reducir de manera significativa el gasto público atado a la actualización por IPC.
La insistencia del Gobierno nacional en mantener una medición de la inflación cuestionada volvió a quedar bajo la lupa tras la difusión de un informe técnico de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, que pone cifras concretas al impacto fiscal de esa decisión. Según el trabajo, el Estado se ahorra alrededor de cinco billones de pesos al no actualizar la metodología con la que el INDEC calcula el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La polémica se reavivó luego de la salida de Marco Lavagna de la dirección del INDEC, en medio de fuertes tensiones con la administración de Javier Milei. Si bien inicialmente se interpretó que el objetivo oficial era evitar mostrar una aceleración inflacionaria, el informe sugiere que el trasfondo es eminentemente fiscal.
El IPC no sólo mide la evolución de una canasta de bienes y servicios, sino que funciona como variable clave para actualizar gastos del Estado nacional. Entre ellos se encuentran las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales que paga la ANSES, como la Asignación Universal por Hijo, además de instrumentos financieros que ajustan por CER y se actualizan automáticamente según el último dato mensual de inflación.
En ese marco, el equipo técnico del Banco Provincia comparó el gasto que habría afrontado el Estado si el índice de precios se calculara con una metodología actualizada frente al gasto efectivamente realizado con el esquema vigente. La diferencia es contundente. “El ajuste en los gastos que actualizan por IPC es significativo. Para dimensionar, 5 billones de pesos supera al saldo de los depósitos del Gobierno Nacional en el Banco Central (4,3 billones)”, señala el informe.
En términos prácticos, la conclusión es clara: el Gobierno nacional se ahorra unos cinco billones de pesos en gasto público al no modificar la forma en que el INDEC mide la inflación.
Los especialistas del Banco Provincia advirtieron además sobre el impacto social de esta política. “Una inflación que quede por debajo del aumento del costo de vida provocará una pérdida del poder de compra” de jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH, explicaron. La magnitud de esa caída real de los ingresos, añadieron, “se irá evidenciando con el correr de los meses”.
Mientras el Ejecutivo insiste en sostener el esquema actual como parte de su estrategia económica, el informe vuelve a poner en el centro del debate quiénes absorben el costo del ajuste en un contexto de desaceleración inflacionaria que no se refleja plenamente en los bolsillos.
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