La titular del Ministerio Público en Necochea acusó a la magistrada de abuso de autoridad, negligencia y malversación, por haber autorizado la filmación de un documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona.
La fiscal general del Departamento Judicial de Necochea, Analía Duarte, anticipó durante la primera audiencia del jury de enjuiciamiento que solicitará la destitución de la jueza Julieta Makintach, acusada de graves irregularidades al autorizar la filmación de un documental sobre el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.
El proceso, presidido por la titular de la Suprema Corte bonaerense Hilda Kogan, se llevó a cabo en el Anexo de la Cámara de Senadores de La Plata. La audiencia comenzó sin la presencia de la jueza Makintach, quien llegó casi dos horas tarde, cuando ya habían concluido los alegatos iniciales de la acusación y la defensa.
Duarte, convocada por el procurador general Julio Conte Grand, abrió la jornada con un “alegato categórico”, según coincidieron cronistas judiciales. Afirmó que la conducta de Makintach durante el juicio oral en San Isidro “respondió a un guion estructurado con la forma de una miniserie”, en alusión al proyecto audiovisual Justicia Divina, que —sostuvo— la magistrada impulsó para su explotación comercial.
La fiscal imputó a Makintach ocho faltas graves, entre ellas negligencia en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de deberes, parcialidad manifiesta, abuso de autoridad, revelación de secretos y malversación de caudales públicos.
“Se valió del poder que le otorgaba su cargo para obtener protagonismo en un proyecto fílmico que la tenía como figura central”, denunció Duarte, quien añadió que la jueza “usufructuó recursos del Estado y personal policial para sostener un rodaje ajeno a las funciones judiciales”.
La acusación también recordó que, una vez revelado el caso y exhibidas las pruebas audiovisuales, Makintach negó su participación y llegó a sostener: ‘Esa no soy yo’, pese a que las imágenes fueron ampliamente difundidas por los medios.
El jury está integrado por diez miembros —cinco legisladores y cinco abogados conjueces— que deberán resolver en las próximas semanas si la magistrada será finalmente destituida.
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