El gobierno de Axel Kicillof impulsa este miércoles en la Legislatura bonaerense el proyecto de ley que autoriza la toma de deuda por 3.685 millones de dólares. La iniciativa se someterá a votación en una doble jornada que involucra tanto a Diputados como a Senadores, en un contexto de intensas negociaciones que aún no garantizan el respaldo necesario de sectores clave de la oposición.
Las conversaciones, que se extendieron durante las últimas horas, tuvieron como eje central la posición que adoptarán bloques como el PRO y las facciones radicales de Somos Buenos Aires y UCR + Cambio Federal. La clave reside en si estos sectores reunirán los 30 votos requeridos para bloquear la mayoría especial de dos tercios que el peronismo y sus aliados necesitan para convertir el proyecto en ley, a pocos días del recambio parlamentario.
Mientras tanto, el oficialismo, compuesto por legisladores de Unión por la Patria (kicillofistas, massistas y camporistas), cuenta con el apoyo cercano de un sector de la UCR vinculado a intendentes y del bloque Nuevos Aires, que ya se había manifestado a favor. También existe confianza en sumar a Unión y Libertad, diputados que, aunque ingresaron como libertarios, mantienen lazos con el massismo.
El optimismo en el oficialismo se basa en avances concretos sobre dos puntos cruciales que podrían destrabar el acuerdo. Por un lado, se perfila un consenso en el esquema del fondo para los municipios, que ascendería a 350 mil millones de pesos, con una garantía de 250 mil millones a liquidar en cinco cuotas durante el primer semestre de 2026. Por otro lado, y bajo estricto hermetismo, se incluiría como artículo de la ley la ampliación del directorio del Banco Provincia, añadiendo seis sillas de director sin derecho a voto.
Pese a los acercamientos, el esquema político para sostener este acuerdo se describe como “muy ajustado”. El voto del bloque radical de Somos Buenos Aires, donde dos legisladoras cercanas a Facundo Manes (Nazarena Masías y Viviana Diroli) evaluarían votar en contra, podría ser determinante. El bloque UCR + Cambio Federal, liderado por Diego Garciarena, tampoco ingresaría en principio en el acuerdo, sumado a la previsible negativa de los dos diputados de izquierda.
En contraposición, una parte del PRO estaría dispuesta a apoyar la iniciativa. Diputados allegados a Cristian Ritondo, Néstor Grindetti y el ministro del Interior, Diego Santilli, se sumarían al consenso. Esta posibilidad ya generó una importante fricción con La Libertad Avanza; su presidente, Sebastián Pareja, calificó la situación como “un baldazo de agua fría”, y fuentes internas del espacio advirtieron sobre posibles consecuencias políticas. Desde el santillismo se aclaró que el acompañamiento se limitará al proyecto en general y al fondo para intendentes, excluyendo el respaldo a una ampliación de la deuda. Se espera un pronunciamiento partidario al respecto.
En paralelo, durante la sesión preparatoria de hoy en Diputados, se formalizó la renovación del pacto entre el kirchnerismo y el massismo para la conducción de la Cámara. El cristinista Alejandro Dichiara juró como Presidente, mientras que Alexis Guerrera, actual titular, asumirá como vicepresidente primero en 2026, con un esquema de alternancia previsto hasta 2027. Dichiara fue elegido con 84 votos y, en sus primeras palabras, agradeció a Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, al gobernador Axel Kicillof y a Sergio Massa, en ese orden. Ex intendente de Monte Hermoso, Dichiara abordó directamente el tema central, asegurando que el bloque de UxP “va a tratar de buscar todos los consensos” para la ley de financiamiento, enviando un mensaje de apoyo al gobernador.
La continuidad de este pacto relegó una vez más al kicillofismo de los puestos de conducción de la Cámara, a pesar de que la victoria electoral del 7 de septiembre había impulsado la aspiración de nombres propios para la presidencia. Mariano Cascallares ocupará una vicepresidencia, mientras que Agustín Forchieri (PRO) y Juan Esteban Osaba (La Libertad Avanza) también asumieron vicepresidencias, restando designar aún otras dos.
En este complejo tablero legislativo, el destino de la ley de endeudamiento y la capacidad del oficialismo para cerrar los acuerdos necesarios se definen en un ajustado margen, con las implicaciones políticas y económicas que ello conlleva para la provincia.
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