La medida de fuerza será sin movilización y dependerá de la fecha en que Diputados debata el proyecto impulsado por el Gobierno
La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó este lunes la convocatoria a un paro general de 24 horas que se realizará el mismo día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional.
La decisión fue adoptada por unanimidad durante una reunión virtual del Consejo Directivo de la central obrera, en la que se resolvió avanzar con la medida de fuerza, aunque sin movilización al Congreso.
Si bien en un principio el debate parlamentario podría desarrollarse este jueves, fuentes legislativas no descartan que la sesión se postergue para el miércoles 25, en función de las negociaciones políticas que aún se mantienen abiertas.
De esta manera, la fecha del paro quedará atada directamente al cronograma del Congreso, en una estrategia que busca impactar de lleno en el tratamiento de la iniciativa.
Apoyo clave del transporte
Uno de los factores determinantes para el alcance de la medida será la adhesión de los gremios del transporte. En ese sentido, desde la CGT se mantienen a la espera de la confirmación de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), cuyo acompañamiento permitiría paralizar el servicio de colectivos en todo el país.
Además, la protesta ya cuenta con el respaldo de sindicatos estratégicos como La Fraternidad, liderada por Omar Maturano, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), encabezada por Juan Carlos Schmid, lo que incrementa las posibilidades de un impacto masivo.
Cabe recordar que en el último paro general convocado en abril de 2025, la ausencia de la UTA —por encontrarse en conciliación obligatoria— limitó el alcance de la medida.
Rechazo a puntos clave de la reforma
La convocatoria al paro se produce en un contexto de fuerte malestar sindical frente a diversos aspectos del proyecto, pese a que la CGT logró mantener algunos puntos sensibles como las contribuciones patronales destinadas a las obras sociales.
Sin embargo, las críticas se concentran en cambios que los gremios consideran regresivos en materia de derechos laborales.
Uno de los puntos más cuestionados es el nuevo esquema de licencias por enfermedad o accidente no laboral, que establece una reducción en la remuneración de los trabajadores.
El artículo aprobado en el Senado fija que, en esos casos, los empleados percibirán el 50% de su salario, o el 75% si la situación no deriva de una conducta voluntaria, eliminando el pago del 100% que rige actualmente.
Desde el sindicalismo y sectores de la oposición advierten que esta modificación implica un retroceso en derechos adquiridos, en un contexto de pérdida del poder adquisitivo y deterioro de las condiciones laborales.
Presión de las bases
La decisión de avanzar con el paro también responde a la presión de distintos gremios y sectores de base, que vienen reclamando una postura más firme frente a la reforma laboral y la situación económica.
La medida podría convertirse en el cuarto paro general durante la gestión del presidente Javier Milei, en medio de un escenario de creciente tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical.
En ese marco, la central obrera busca marcar posición en el debate legislativo y condicionar el avance de una reforma que considera perjudicial para los trabajadores.
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