La principal productora de pollos del país enfrenta un escenario crítico por la apertura comercial, la caída de exportaciones y el ingreso de mercadería brasileña a menor costo.
La crisis industrial comienza a expandirse a distintos sectores de la economía y ya impacta de lleno en la actividad avícola. La empresa Granja Tres Arroyos, la mayor procesadora de pollos del país, atraviesa un escenario complejo que enciende alarmas por posibles despidos y dificultades financieras.
El caso se da en un contexto en el que distintos sectores productivos advierten sobre los efectos del modelo económico impulsado por el Gobierno nacional, con apertura de importaciones y caída del consumo interno. En ese marco, la firma enfrenta una fuerte competencia por el ingreso de pollo desde Brasil, que llega al mercado local a precios considerablemente más bajos.
A la presión importadora se suma otro factor clave: la caída de las exportaciones hacia Europa, afectadas por restricciones sanitarias vinculadas a la gripe aviar. Este escenario golpea directamente a un sector donde la venta externa resulta determinante para equilibrar costos.
La situación no es nueva. A fines del año pasado, la empresa tuvo dificultades para afrontar el pago de salarios, aunque logró normalizar la situación en enero. Sin embargo, las complicaciones estructurales persisten y podrían agravarse en los próximos meses.
Según estimaciones del sector, se prevé un marzo crítico con la posible desafectación de más de 450 trabajadores entre Granja Tres Arroyos y otras firmas vinculadas, como Cresta Roja, que también arrastra problemas desde hace años y podría enfrentar nuevos cierres de plantas.
El impacto más fuerte se siente en la ciudad de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, donde la empresa posee uno de los frigoríficos más importantes del país. Allí, la actividad llegó a emplear cerca de 1.500 trabajadores, pero actualmente el número se redujo a unos 700.
En los últimos meses se registraron alrededor de 160 despidos y otros 300 empleados aceptaron retiros voluntarios, aunque según fuentes locales aún restan pagos de indemnizaciones acordadas. La eventual profundización de la crisis podría tener consecuencias severas en la economía regional, altamente dependiente de la actividad industrial.
En paralelo, otros sectores productivos de la zona también muestran señales de deterioro, con cierres de plantas y reducción de personal, lo que agrava el panorama social y laboral.
Desde el sector advierten que la combinación de costos internos elevados, tipo de cambio y apertura comercial dificulta la competitividad frente a productos importados. En ese contexto, la continuidad de la actividad y el sostenimiento del empleo dependen en gran medida de una eventual recuperación de las exportaciones y de la evolución del mercado interno.
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