La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) envió un comunicado al Gobierno nacional en el que expresó su preocupación por el proyecto que impulsa la baja de la edad de imputabilidad y advirtió que centrar el debate casi exclusivamente en la pena implica simplificar una problemática mucho más profunda. “El desafío es más amplio: pensar caminos que cuiden, eduquen y acompañen y no solo respuestas que llegan cuando el daño ya está hecho”, señalaron.
El pronunciamiento fue difundido este sábado bajo el título “Para los jóvenes, más educación, más comunidad” y lleva la firma de los arzobispos de Mendoza, Córdoba, Jujuy y San Isidro. En el texto, la Iglesia afirmó estar cerca “del dolor desgarrador de las familias y comunidades víctimas de estos delitos”, pero aclaró que una discusión enfocada únicamente en la edad de los menores “corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja que interpela a la familia, a la escuela, a la comunidad y al Estado”.
La modificación del Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad a 13 años, forma parte del temario que el Gobierno incluyó en las sesiones extraordinarias de febrero. El debate se da en un contexto de fuerte conmoción social tras el crimen de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años asesinado en Santa Fe por otros tres jóvenes de 14.
Desde la CEA insistieron en que la respuesta del Estado no puede limitarse al castigo. “El desafío es más amplio”, reiteraron, al tiempo que reclamaron políticas que prioricen la prevención, la educación y el acompañamiento de niños y adolescentes en contextos de vulnerabilidad.
En ese marco, retomaron preguntas planteadas por la Pastoral Social en marzo de 2025, donde advertían sobre las consecuencias prácticas de una eventual baja de la edad de imputabilidad. “Si se concreta la baja de la edad de imputabilidad, ¿dónde van a recluir a los menores? ¿Cuáles son los dispositivos apropiados en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen?”, plantearon, y agregaron: “Sabemos cómo es la realidad de los establecimientos penitenciarios. ¿En serio creemos que esa es la solución?”.
Finalmente, la Iglesia reafirmó su postura histórica sobre el tema y sostuvo que “es imprescindible un régimen penal juvenil y adolescente que tenga una mirada humana, integral y abierta a la esperanza”, que no se limite a responder cuando el daño ya ocurrió, sino que trabaje sobre las causas estructurales de la violencia y la exclusión.
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