Los diputados libertarios Guillermo Castello y Sebastián Pascual presentaron un proyecto para eliminar la capacitación obligatoria en género y violencia de género en los tres poderes del Estado bonaerense. Argumentan que la norma promueve “adoctrinamiento ideológico”, mientras que sectores feministas y de derechos humanos anticipan un fuerte rechazo.
Los diputados provinciales de La Libertad Avanza, Guillermo Castello y Sebastián Pascual, presentaron en la Legislatura bonaerense un proyecto para derogar la Ley Micaela en el territorio de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa se enmarca en la ofensiva ideológica del oficialismo libertario contra las políticas de género implementadas en los últimos años.
En los fundamentos del proyecto, los legisladores sostienen que la Ley Micaela —que obliga a funcionarios y empleados públicos a capacitarse en perspectiva de género— “impone requisitos ajenos a la idoneidad” para ocupar cargos estatales. Además, afirman que la norma se transformó en “un instrumento de adoctrinamiento político”.
“Bajo la apariencia de capacitaciones neutras, se infiltran militantes partidarios para bajar línea ideológica dentro del Estado”, sostuvieron Castello y Pascual en el texto legislativo.
Acusaciones de “caballo de Troya ideológico”
El proyecto libertario asegura que la Ley Micaela es utilizada como “caballo de Troya para instalar el feminismo radical en el Estado”, y plantea que la perspectiva de género “es un enfoque sesgado que atenta contra la neutralidad estatal”. También critica que las capacitaciones sean obligatorias, ya que, según los autores, “afectan la libertad de conciencia” de los empleados públicos.
Qué es la Ley Micaela
Sancionada a nivel nacional en 2018 y adoptada en Buenos Aires en 2019, la Ley Micaela lleva el nombre de Micaela García, la joven entrerriana de 21 años asesinada por Sebastián Wagner, un femicida con antecedentes penales que había sido beneficiado con libertad condicional. La norma establece capacitaciones en género y violencia contra las mujeres para los tres poderes del Estado con el fin de prevenir la violencia machista y mejorar la respuesta institucional.
El Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense, a cargo de Estela Díaz, es la autoridad de aplicación de la ley en la Provincia y certifica las capacitaciones dictadas en organismos estatales.
Reacciones en puerta
Aunque aún no se debatió en comisiones, organizaciones feministas, sindicatos y espacios políticos opositores anticipan un rechazo contundente. Desde sectores de derechos humanos advirtieron que la propuesta “retrocede una década en materia de políticas de prevención de la violencia de género”.
El proyecto se suma a otras iniciativas de La Libertad Avanza orientadas a desmantelar programas de género, como la eliminación del Ministerio de Mujeres a nivel nacional, el intento de recortar el presupuesto del INADI y la revisión de protocolos contra la violencia de género en el Estado.
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